La apertura escalonada de la residencia de Can Raspalls ya está organizada y prevista en su totalidad para antes del tercer trimestre de este año. La consellera de Família i Serveis Socials del Govern, Sandra Fernández, visitó ayer este complejo residencial, donde anunció a los familiares que antes de junio estarán abiertas las 26 primeras plazas (14 plazas de salud mental y 12 plazas para personas con discapacidad psíquica), mientras que las 24 restantes abrirán en el tercer trimestre de este año, según el calendario que explicó ayer la consellera Fernández.
Empleo
Para la total puesta en marcha de las nuevas plazas en esta residencia, el Govern contratará a medio centenar de trabajadores. «El 1 de enero asumimos la gestión de las residencias, tanto la de Can Blai como la de Can Raspalls. En esta última, nuestro compromiso es que la apertura de las 50 plazas que faltaban se hiciera en este 2015. También dijimos que hasta que no tuviéramos la planificación hecha no anunciaríamos la apertura; a día de hoy ya tenemos la planificación organizada». En cuanto a la mejora y reforma de las instalaciones de Can Raspalls que pedían los familiares, la consellera Sandra Fernández explicó que se mejorará la piscina y se harán otras pequeñas reformas. Sobre el incremento de plantilla, Fernández destacó que ya se están iniciando las contrataciones.
La consellera destacó que entre estas plazas y la nueva residencia de Sant Antoni se dará solución a la demanda de plazas que hay en Eivissa: «Estamos haciendo la estimación y teniendo en cuenta que la residencia de Sant Antoni empezó a funcionar a finales del año pasado creemos que sí que cubirá la demanda».
El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Serra, destacó que la apertura de residencias y el aumento de plazas de las mismas «siempre ha sido una prioridad» para el Govern y el Consell y aseguró que si se ponen en marcha estas plazas ahora es porque se puede «por la recuperación económica». «En 2011 nos encontramos que las residencias dependendían del Consorcio Sociosanitario y que estaban infrafinanciadas por parte del Govern y esto se tuvo que asumir en un contexto económico muy complicado», aseguró Serra, quien recordó la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que impedía las contrataciones en el sector público y preveía la disolución de los consorcios.