El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Sant Antoni, celebrado este jueves, ha servido al equipo de gobierno para anunciar que a partir del lunes podrán conceder la licencia de apertura del parking subterráneo de la plaza España, cerrado «sin aviso» desde el pasado mes de noviembre.
Según han detallado, «se han subsanado todas las deficiencias detectadas y requeridas a la adjudicataria de la concesión administrativa del aparcamiento, la empresa Subsuelos Urbanos S.L (actualmente en concurso de acreedores).
El primer teniente de alcalde, José Antonio Verdugo, ha explicado que la instalación dispone ya de toda la documentación necesaria para que la empresa pueda contratar los servicios de luz y agua. De esta manera, ha apuntado que, «después de todas las obras que hemos ejecutado y pagado nosotros, a partir del lunes, si la concesionaria quiere, los propietarios podrán volver a utilizar el aparcamiento porque la instalación cumplirá todos los requisitos para funcionar según la ley y con las garantías de seguridad».
El concejal ha especificado que el parking se abrirá para los propietarios que dispongan de plazas privadas (75), mientras que la apertura al público «es responsabilidad y decisión del administrador concursal».
La alcaldesa Pepita Gutiérrez ha remarcado antes de empezar su intervención que la concesión se realizó en la anterior legislatura y que durante ambos mandatos se han realizado numerosos requerimientos a la empresa para resolver las deficiencias del aparcamiento.
Desde la oposición, el portavoz de PSOE-Pacte, Pep Marí ‘Marge' ha cargado contra «la inutilidad del equipo de gobierno por no saber arreglar los problemas de lis ciudadanos». «No se entiende que ante los incumplimientos de la empresa no se haya abierto antes un expediente», lamentó el socialista, que aseguró que se ha demostrado el «fracaso absoluto de Pepita Gutiérrez y Pepe Sala».
Por su parte, desde el PI-Eivissa han criticado que el aparcamiento haya funcionado seis años «sin permiso de actividad ni licencia de obra final» y ha lamentado que «no se secuestrara la concesión antes de que se produjera el concurso de acreedores de la adjudicataria».