Las obras de demolición de la antigua sede de la Delegación de Gobierno empezarán a finales de este mes de mayo. Así lo anunció la alcaldesa de Vila, Virginia Marí, tras la presentación del proyecto ‘Equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional en España y Noruega', una iniciativa que se puso en marcha en 2009 y que tras los buenos resultados obtenidos, regresa con una segunda fase: la edición de 700 ejemplares de la guía de ‘Corresponsabilidad' dirigida a los centros de infantil para educar y «jugar en igualdad».
La demolición de este edificio fue adjudicada a la empresa Excavaciones y Demoliciones Medina S.L., una de las 15 que se presentaron a la licitación, por un importe de 145.518,25 euros. El importe por el que Consistorio licitaba los trabajos ascendía a 248.749,14 euros. Una vez comiencen las obras, su plazo de ejecución será de dos meses.
El solar, ubicado en la avenida Ignasi Wallis, alberga una superficie de 1.000 metros cuadrados y acogerá provisionalmente 50 plazas de aparcamiento.
Una vez derribado el edificio, la intención del Consistorio es ubicar ese aparcamiento eventual hasta que se decida su uso definitivo. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla este espacio como un solar para equipamientos municipales, donde, en un principio, se propuso la construcción de un auditorio de música dentro del proyecto de Eivissa Centre del PSOE-Pacte, cuando Xico Tarrés era alcalde del municipio.
El solar, que había sido propiedad del Estado, fue adquirido por el Ayuntamiento de Vila en 2014 mediante permuta. En la operación, Vila cedió la antigua escuela de Sa Graduada (2.100 m2) y recibió el solar de la antigua Delegación del Estado (1.000 m2) y el inmueble de los juzgados (780m2), así como 303.1195 euros como compensación por diferencias de valor, dado que la tasación de la finca aportada por el Ayuntamiento ascendía a 5.962.592 euros, mientras que los dos solares aportados por el Ejecutivo central estaban valorados en 5.659.397 euros. El edificio permanece abandonado desde finales de los 90, cuando se detectaron en su estructura deficiencias que hacían inviable su conservación, motivo por el que la Dirección Insular del Gobierno se trasladó a otra ubicación.