«Nos han maltratado y humillado, pero entiendo que al final se hará justicia». Juan Carlos Pereira se resiste a pensar que la Policía proceda hoy al desahucio de los 18 apartamentos de la torre que hace un año alquiló a Domingo Novoa en Platja d'en Bossa.
Pereira explica que en la torre hay decenas de turistas venidos de Australia y Nueva Zelanda que hoy «pueden ser desalojados por un juez». Todo se enmarca en la adquisición de la finca por un fondo buitre.
De producirse el desahucio, los inquilinos de los apartamentos que gestiona Pereira serían los últimos damnificados de una rocambolesca operación inmobiliaria que arranca en el 2006, cuando el exfutbolista Domingo Novoa compra la torre por 2 millones de euros con un contrato privado.
Novoa destacó que, según un auto del juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, él tiene la posesión del edificio «por lo que no puede considerarse como un usurpador inmobiliario».
Después de años de litigio reclamando la devolución del dinero y ahogado por la deudas, hace un año Novoa arrendó a Juan Carlos Pereira los apartamentos, 32 plazas de garaje y 23 trasteros.
Los que fueran socios de Novoa llevaron el caso al juzgado número 10 de Madrid, que es el que ha dictado la ejecución del desahucio como una medida cautelar solicitada por la empresa RTM Desarrollos Urbanísticos y Sociales S.A.
Juan Carlos Pereira vive estas horas con «gran incertidumbre» junto a su mujer y a su pequeño de un año y medio. Él vive en el cuarto A. En la planta superior está Novoa, el hombre al que arrendó hace un año la torre y al que hace un mes puso una querella criminal por estafa.
Pereira subraya que él «cumple todos los requisitos legales para el alquiler de esas propiedades y dispongo de toda la documentación que lo acredita».
Ayer, los afectados apuraban sus últimos cartuchos para evitar una situación que parece irremediable, el desalojo hoy de la torre 7.
Así, por la mañana trasladaron a la vicepresidenta del Consell, Viviana de Sans la situación en que se encontraban y solicitaron una mediación en el conflicto. Paralelamente, su abogado presentaba un último recurso que la Fiscalía acabó rechazando.
Juan Carlos Pereira apuntó a PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA que va a hacer gestiones hasta el último segundo para evitar «que me tiren de mi casa y desalojen a mis inquilinos».
«Son familias con bebés y turistas que hace tiempo que reservaron cuatro o cinco días. turistas muchos de ellos que vienen desde Australia o Nueva Zelanda. La imagen que se puede dar de Eivissa es muy negativa y va a tener eco internacional», argumentó Pereira, socio y fundador de la empresa Ibiza Solutions.