Las Pitiüses acogieron la semana pasada el primer Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza y Formentera, organizado por la Pimeef, donde se debatieron las controversias legales en torno a la oferta de este tipo de alojamiento.
—¿Con qué objetivo se ha organizado este primer congreso?
—El Congreso es porque llevamos doce años luchando para que saliera una normativa para poder actuar dentro del marco de la oferta turística que estamos ofreciendo, que es el alquiler de villas, casas unifamiliares en el campo y pareados. Como lo hemos conseguido, nos queremos asentar como una oferta buena, legal y de calidad dentro del panorama de las Pitiüses y seguir luchando para continuar mejorando a nivel de calidad, legislación y a nivel de beneficios para los propietarios, los comercializadores y para el turismo de las islas.
—¿Porqué ha creado tanto debate o controversia la oferta de las viviendas turísticas en las islas?
—Porque cuando hablamos de viviendas turísticas hablamos de casas unifamiliares y de campo y de chalets o pareados, y se tiende a confundir con los apartamentos turísticos, que están dentro de una comunidad y el suelo tiene un uso residencial y no turístico. La ley plantea que cuando ofreces un producto turístico tiene que ser un terreno específico turístico. No puedes meter en un bloque de edificios, donde la gente hace su vida en familia, un alquiler. Segundo, el problema que hay en Eivissa es que el alquiler que se produce en estos apartamentos se hace a gente que viene de fiesta, por lo que hacen ruido, montan follones y molestan a las familias.
— ¿Las fiestas ilegales en casas está haciendo daño a este modelo turístico?
— Más que nada hace daño al concepto de residencia en el campo. En Eivissa está la típica idea del todo vale y evidentemente no todo vale. Es un punto en el que estamos trabajando con los ayuntamientos para cortarlo de raíz porque no podemos permitir que se moleste al vecindario y que se cree una alternativa ilegal a lo que son los beach clubs o las discotecas.
— ¿Cómo se pueden detectar las viviendas que realizan un alquiler ilegal?
—En global se alquilan unas 3.000 viviendas, de las cuales 1.900 están legalizadas y el resto están sin legalizar. Lo que hay que hacer, como se debatió en el Congreso, es llevar un control con los ayuntamientos de las ofertas que hay en las webs, seguirlas, inspeccionarlas y presentar una denuncia cuando no están regladas.
— ¿Cómo se puede demostrar que son ilegales?
—También se habló en el Congreso. Si se publicitan en páginas de internet turísticas están haciendo una actividad ilegal porque están ofreciendo un producto turístico. Si la oferta es a nivel de semanas y en páginas turísticas estás demostrando el tipo de oferta que realizas.
— También denunciáis que ha aumentado el fraude. ¿Cómo se puede frenar?
— Es un tema más complicado. Hay casas ilegales que hacen ofertas ilegales y cuando llega el turista ha pagado un dinero, la casa no existe, los dejan tirados y se encuentran sin lugar dónde ir y sin saber dónde reclamar. Es un tema muy complicado que tendremos que analizar profundamente con las autoridades para intentar perseguirles de una forma más real.
—¿Ha crecido la demanda de este tipo de alojamiento en las Pitiüses?
—Es un alojamiento que siempre ha tenido demanda, lo que pasa es que los usos y gustos del cliente potencial cambia y hay más gente que viaja y quiere tener unas vacaciones diferentes y no compartir el salón de un hotel o la piscina, levantarse cuando quieran y tener su relax sin aglomeraciones. Se ha dicho que es un producto muy caro, de lujo, pero no lo es. Una casa te puede costar entre 2.500-3.000 euros una semana, que dividido entre seis u ocho personas te sale más barato que algunos hoteles.
— Si finalmente se aplicara una ecotasa, ¿estarían a favor de que también repercuta sobre las viviendas vacacionales?
—Siempre y cuando esté bien controlada y aplicada y se cobre a todo el mundo estaremos a favor porque sería una cosa absolutamente equitativa con todos. Ahora mismo es muy difícil recibir el pago de la ecotasa de las casas ilegales, entonces estaríamos en contra porque pagarían solo los hoteles y las viviendas legalizadas. Por otra parte, necesitamos saber a qué se va a destinar. Si es para a mejoras medioambientales, sociales o de limpieza, estaríamos de acuerdo.