La Asociación de Vecinos de Talamanca, ses Figueres e Illa Plana ha presentado hoy una denuncia ante Fiscalía de Eivissa contra la Conselleria de Medio Ambiente, dependiente del Govern, para que determine si los vertidos de aguas fecales del emisario de la depuradora son constitutivos de una infracción penal.
Los motivos de la denuncia señalan que el mal estado de la tubería y los vertidos de aguas fecales que provocan "son un atentado contra el medio ambiente, la salud pública, la imagen de Talamanca y de Eivissa", ha indicado el presidente de la asociación, José Colomar.
El representante vecinal también ha apuntado a que los vertidos van "contra los intereses de una zona" que cuenta con empresarios "que han hecho grandes inversiones para que Talamanca esté abierta todo el año".
En su denuncia, los vecinos incluyen también al Consell de Eivissa y al Ayuntamiento de Vila, por si también fueran responsables de esta situación.
"La única puerta que nos quedaba era recurrir a la Justicia, por eso hemos adoptado esta decisión", ha señalado Colomar, que ha asegurado que ha habido intentos "de parar la denuncia" por parte de las administraciones.
La denuncia se compone de diez folios y está acompañada por más de 2.000 firmas presentadas ante la Conselleria de Medio Ambiente, con fotos y vídeos sobre los vertidos.
Los vecinos consideran que ya han esperado suficiente y piden que las obras se declaren de emergencia para que la tubería se pueda sustituir cuanto antes.
En este sentido, el presidente de la asociación ha explicado que cuando confiaban en que "para el año que viene estuviera resuelto el problema, nos enteramos en la prensa que hasta el 2019 no sería posible, no habría dinero".
Colomar también ha recordado que durante septiembre el emisario se rompió en tres ocasiones, lo que provocó que la playa tuviera que estar cerradas once días.
Por su parte, el presidente de la Federación Hotelera de Eivissa y Formentera (Fehif) y propietario de un hotel de la zona, Juanjo Riera, ha cuestionado que ahora el Govern balear diga que las obras no se declaran de emergencia porque así lo consideran los servicios jurídicos de la Comuntat Autónoma.
"¿Pero qué tiene que pasar para que se declare la emergencia, se tiene que morir alguno?", ha cuestionado Riera.
Una representación de la junta directiva de la asociación ha acudido este mediodía a los Juzgados del edificio Cetis para presentar la denuncia.