La principal organización profesional agraria de balears, Asaja, ha solicitado a la Conselleria d'Agricultura del Govern balear, que exima a los agricultores y ganaderos de Evissa de las restricciones de agua, marcadas por el decreto de sequía.
La asociación anunció ayer que ha presentado alegaciones a este proyecto de decreto por el cual se declara la situación de sequía extraordinaria en Eivissa y que prevé medidas como restricciones del 15% en el volumen de extracción de agua para todos los usos y del 10% para las explotaciones agrarias.
El gerente de Asaja, Joan Simonet, argumentó que reducir la extracción de agua «perjudicaría más que beneficiaría al medio ambiente y al paisaje de las islas», dados los problemas de rentabilidad de la producción agraria en las islas, particularmente en Eivissa. «Las explotaciones de regadío dependen del agua que puedas extraer; si se reduce en un 10%, el agua que puedes usar repercute en la superficie que estás sembrando», explicó Simonet, que apuntó que «si siembras menos, afecta directamente en la rentabilidad de la explotación agraria».
Además, desde Asaja recordaron que actualmente el volumen autorizado de extracción de agua para usos agrarios en Eivissa es de «tan solo» tres hectómetros cúbicos, frente a los casi 18 totales previstos para esta isla.
La organización también ha reclamado que no se suspenda la autorización de nuevas concesiones de extracción de agua a todas aquellas explotaciones agrarias que hayan iniciado planes de mejora empresarial y, por tanto, inversiones para incrementar su competitividad. «Si un joven quiere incorporarse al sector agrario y necesita una extracción de agua y no se la dejan hacer, estamos perdiendo oportunidades de mejora en un sector muy delicado», lamentó el gerente de Asaja, que destacó que la entrada de un joven «a penas implicaría presión sobre los acuíferos, porque no hablamos de 500 payeses, sino de tres o cuatro casos, por lo que sería injusto no tenerlos en cuenta».
En este sentido, la asociación también solicitó que se establezcan controles para asegurar que las autorizaciones para usos agrarios estén realmente destinadas a dichos usos.
El PP de Eivissa ya mostró su desacuerdo ante esta medida al considera que no estaba «justificado este castigo a los agricultores» y lamentó que el Consell Insular no haya evitado que se contemplara esta restricción en el decreto.