El Ayuntamiento de Sant Josep aprobó ayer, con los votos a favor de todos los grupos municipales (PSOE, PP, Guanyem y Alternativa Insular), poner a disposición de la Conselleria balear d'Educació un terreno para la construcción de un colegio en Cala de Bou.
La concejala de Educación, María José Guisado, detalló que el solar, de 8.000 metros cuadrados, se consiguió a través de un convenio urbanístico y que la intención es que el Govern disponga de este terreno «de forma inminente» para que inicie «cuánto antes» la redacción del proyecto de construcción del nuevo centro. Según apuntó, la cesión del terreno se realizará una vez lo acepte la Conselleria.
Es por ello, que desde el PP, su portavoz, Neus Marí, puntualizó que el Govern reclamaba «un solar urbano y urbanizado» y que, por tanto hay que hacer antes la modificación puntual de las Normas Subsidiarias para que se pueda ceder a la Conselleria. En este sentido, lamentaron que desde el equipo de gobierno no les hayan facilitado las «explicaciones suficientes» sobre la tramitación del expediente.
Los populares presentaron también una moción, en referencia a este tema, y que fue aprobado por unanimidad, en el que reclamaban al Ayuntamiento de Sant Josep que se comprometiera a acelerar esta modificación y la ejecución de las obras de urbanización previstas en los presupuestos de 2015 para entregar el solar «en los próximos seis meses», además de instar al Consell y al Govern a agilizar todos los trámites.
Por su parte, el portavoz de Guanyem, Fran Ramírez, destacó que son «conscientes» de la necesidad de una escuela en Cala de Bou porque «hay unas ratios que no son posibles para tener una educación de calidad», aunque matizó que no estaban de acuerdo con el convenio urbanístico. Desde Alternativa Insular, Encarna Castro reclamó al Ayuntamiento que haga «fuerza y presión» para que este colegio «sea una prioridad respecto a otros centros del resto de Balears».
Cuentas «saneadas»
El pleno municipal también aprobó, con la abstención de Guanyem, la resolución de las cuatro alegaciones presentadas para la adjudicación de nueve licencias fijas de taxi en el municipio.
Por unanimidad, se aprobó solicitar al Ministerio de Hacienda a fraccionar en un plazo de 10 años el pago de una deuda de 250.000 euros de la liquidación del Estado del año 2013. El equipo de gobierno alegó que el Ayuntamiento tiene las cuentas «saneadas» y tiene previsto cerrar el 2015 con estabilidad presupuestaria y cumpliendo el pago a proveedores con un plazo medio de 25,38 días. La concejal popular Marilina Ribas dejó constancia que esta petición «no se podría haber hecho si no hubiera sido por la situación económica que dejamos».