El Consell de Govern ha aprobado los convenios de colaboración entre la conselleria de Servicios Sociales y Cooperación y los Consells de Menorca, Eivissa y Formentera para financiar los servicios de valoración, atención y tratamiento de los menores que han sido víctimas de maltrato grave, urgente o de abuso sexual.
El importe total del acuerdo es de 94.500 euros, que se repartirán en 45.000 euros para el Consell de Menorca, 45.000 euros para Eivissa y 4.500 euros para Formentera.
Según han explicado desde el Govern, estos convenios están enmarcados en el Protocolo marco interdisciplinario de actuaciones en casos de maltrato infantil en Baleares, aprobado en 2009 y que prevé que, cuando se comunique un caso de maltrato grave, urgente o de abuso sexual o se tenga conocimiento de él, el servicio de protección de menores del correspondiente Consell llevará a cabo actuaciones como la evaluación de los casos comunicados o el tratamiento y seguimiento de todos estos casos, tanto si son de niños que estén bajo su protección como si no lo son.
La firma del convenio implica también evaluar el contenido de la hoja de notificación del maltrato o abuso sexual y pedir toda la información disponible sobre el niño al centro educativo, a los servicios sociales municipales y al centro de atención primaria.
Asimismo, implica emitir el informe sobre la situación del menor relacionada con la necesidad o no de protección y prestar apoyo y facilitar asesoramiento a los servicios sociales comunitarios en los casos en que su evaluación resulte dudosa respecto de la existencia de maltrato o no.
El acuerdo también contempla informar a los padres o al tutor legal del menor, o hacer la derivación pertinente, así como tomar la decisión sobre la necesidad o no de adoptar una medida de protección con la correspondiente derivación.
Desde el Govern también han explicado que posibilitará el tratamiento terapéutico al niño, tanto si se han adoptado medidas de protección como si no, y se coordinará el seguimiento de los casos junto con los servicios sociales municipales comunitarios, los profesionales de salud mental, el centro escolar y el pediatra correspondiente de atención primaria.
Por último, se realizarán el resto de actuaciones que el Protocolo marco prevé que tienen que llevar a cabo los servicios de protección de menores de los Consells.