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El Consell dispara el gasto en cargos políticos a pesar de que acordó «disminuirlos al máximo»

El presidente Vicent Torres y sus siete consellers posando en la última planta de la sede insular, frente a los retratos de los expresidentes. | Toni Escobar

| Eivissa |

Se suele decir que del dicho al hecho, hay un gran trecho. Este refrán le viene como anillo al dedo al equipo de gobierno del Consell d'Eivissa, que en 2016 tiene previsto gastar en sueldos de cargos públicos (consellers, directores insulares y cargos de confianza) 1.675.912,16 euros. Esta cifra supera en 538.241,20 euros la que presupuestó el gobierno de Vicent Serra, del Partido Popular, para este año.

Un hecho que fue criticado duramente por la oposición en el último pleno de la institución insular. Y eso que el equipo de gobierno se ha reducido un 5% el sueldo en relación a lo que cobraban sus antecesores. Por ejemplo, Vicent Torres cobra 61.261 euros brutos al año, unos tres mil euros menos que Vicent Serra en la anterior legislatura; y los consellers ‘rasos' tienen un sueldo bruto de 53.488 euros, cuando los anteriores cobraban 56.304 euros.

Sin embargo, el actual equipo de gobierno progresista ha tirado la casa por la ventana a la hora de contratar directores insulares, una figura que en la anterior legislatura no cubrió nadie. Vicent Torres ‘Benet' (Turisme), Vicent Tur ‘Fluixà' (Agricultura), David López (Territori), Gloria Santiago (Transparència), Fernando Gómez (Esports) y Judith Romero (Igualtat) son las personas que ocupan estos cargos premiados con 41.850 euros brutos al año. Además, también está prevista la contratación el próximo año de un coordinador de Mobilitat, una plaza que designará el grupo Podemos–Guanyem (todas las quinielas apuntan al concejal en Sant Joan, Gianandrea di Terlizzi) y que costará más de 38.000 euros.

Todo esto a pesar de que en el acuerdo de gobierno de la coalición progresistas entre las líneas verdes del Podemos–Guanyem figura la «reducción de salarios de cargos políticos y revisión de contratos eventuales (técnicos y de confianza) exigiendo disminuirlos al máximo y una alta calificación justificada para asignarlos. Para acabar con gobiernos que se dedican a ‘colocar y regalar' salarios públicos a gente poco competente».

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