Unas 12 personas, pertenecientes a la Plataforma Antidesahucios de Eivissa (PAH-Eivissa), realizaron ayer por la tarde una cacerolada frente a la sede del Partido Popular de la isla para protestar por el proyecto del Gobierno de «tumbar la ley 20/2015, que fue aprobada por el Parlamento catalán como la ley más garantista en toda España, contra la emergencia habitacional y la pobreza energética».
El portavoz de la PAH-Eivissa, Juan Antonio Ramirez, solicitó así al Gobierno de Mariano Rajoy que desista en probar la inconstitucionalidad de dicha ley, «con el agravante de ser un Gobierno en funciones».
Los concentrados que corearon consignas como Si se puede, no se quiere, Mariano Rajoy de casa no me voy o Si esto no se apaña caña, si esto no se arregla, guerra acusaron al Gobierno de hacer «una pantomima». El PP, según explicaron, tiene la «intención clarísima de presentar un recurso de inconstitucionalidad, que probablemente aprobarán en el Consejo de Ministros del 22 o del 29 de abril y, así, conseguir la suspensión de la ley en espera de sentencia, privando de los derechos a todas las familias que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad». Para los concentrados, dicha ley «ha dado respuesta a la situación de emergencia que estábamos sufriendo, garantizando el artículo 47 de la Constitución y el cumplimiento de la normativa internacional», concluyeron.
Además, el portavoz de la PAH-Eivissa aseguró que si se suspendiera la ley «no sólo se condenaría a la exclusión a miles de familias que a día de hoy pierden su casa sino a toda la población que continúa sufriendo la estafa, mal llamada crisis»
La ley 24/2015 garantiza el realojo a las familias desahuciadas, obliga a los bancos a ofrecer un alquiler social, fuerza a las eléctricas a que asuman parte del coste energético de las familias y evita el corte de suministro, entre otros puntos, según recordaron.
La cacerolada de ayer fue convocada en todo el país frente a las sedes del PP de las principales capitales.