El alcalde de Sant Josep, Pep Marí Agustinet, anunció en el pleno de ayer que el Consistorio llevará a cabo un estudio para «hacer otra propuesta de pliego de condiciones dentro de dos años para mejorar los servicios en las playas». A preguntas del Partido Popular, Agustinet también señaló que no le consta que nadie haya presentado algún contencioso por la subasta del pasado 12 de abril y apuntó a que algún concesionario podría haber renunciado a alguno de los lotes.
El alcalde josepí no se arrepiente de haber cambiado el sistema para adjudicar los lotes porque «ha salido bien económicamente, aunque apuntó que «no me gusta salir en polémicas, no he estado cómodo. Agustinet señaló que este verano «vigilaremos que el dominio público esté arreglado, que las concesiones no se exceden y que se cumple la ordenanza. Si no les va bien, yo no los he llamado».
Por otro lado, con los votos del equipo de gobierno y de Guanyem se aprobó la moción de los socialistas que insta al Gobierno del Estado a que lleve a cabo las modificaciones legislativas necesarias para que los ayuntamientos que estén saneados económicamente, como el de Sant Josep, puedan elaborar sus presupuestos sin atender a la regla del gasto y dimensionar la plantilla de acuerdo con las necesidades reales.
Por unanimidad, y a propuesta de Alternativa Insular (Al–In), se solicitó al Govern la ampliación del tramo de ayudas comedor en guarderías para niños de entre 1 y 3 años. El equipo de gobierno también se comprometió a elaborar un plan municipal de drogas durante esta legislatura.
Sin embargo, no salió adelante la propuesta de Guanyem para establecer zonas sin humo y áreas para perros en las playas del municipio. El PSOE votó en contra de esta moción justificando que la mejora solución es llevar a cabo un estudio de usos y capacidades de las playas para conocer en cuáles es posible acotar zonas sin humo y para canes.
Tampoco lo hizo la moción de Al–In para comprar unos terrenos para la construcción de una piscina olímpica y otro campo de fútbol en Sant Jordi con fondos de la liquidación de tasas de legalización de edificaciones conforme a la LOUS, que fue rechazada por PSOE y Guanyem.