Una docena de pequeñas construcciones con chimeneas, conexión eléctrica ilegal, desagües rudimentarios y un particular ‘club social' que incluía una cantina, baños comunes y una plantación de marihuana. Es el poblado ilegal desmantelado en la zona del Forn des Saig, al norte de Sant Carles. Una bomba de relojería enclavada en una zona protegida de gran valor.
El asentamiento, que tenía capacidad para una veintena de personas, «suponía un grave riesgo para el medio ambiente», ya que en el lugar había acumulación de residuos y elementos potencialmente peligrosos como bombonas de butano. Este es el panorama que se encontraron los agentes de la Policía Local y del Seprona de la Guardia Civil al acceder a este poblado ilegal.
«Había numerosos puntos que podían ser el foco de un incendio forestal muy grave al haber personas cerca y encontrarse dentro de una zona frondosa y de difícil acceso considerada ANEI», informó en un comunicado el Ayuntamiento de Santa Eulària, que ha puesto en conocimiento del Consell la existencia de este poblado, ya que sospecha que se utilizaba para el alquiler turístico ilegal. Las mismas fuentes indicaron que la denuncia por la existencia de este poblado llegó el julio de 2014 a la Conselleria de Medi Ambient del Govern, que ya documentó esta situación. Sin embargo, el expediente no tuvo registro de entrada en el Ayuntamiento hasta el pasado día 21 marzo. En la inspección participó personal de Medio Ambiente y Urbanismo del Ayuntamiento pero no del Govern por «falta de personal».
El poblado
La docena de casetas difuminadas entre el arbolado se había levantado cerca de una propiedad con una vivienda de obra que presentaba algunas modificaciones sin licencia. En la entrada lucía una placa de vivienda turística, por lo que se ha trasladado al Consell para que verifique su legalidad. Esta ‘comunidad' contaba con un local donde se ofrecían comidas y bebidas. Cerca, se hallaba un invernadero casero donde había una quincena de plantas de marihuana. Las mismas fuentes subrayaron que por orden municipal, el propietario del terreno tiene que retirar ahora todos los elementos ilegales o peligrosos. En caso contrario, lo hará el Consistorio y después le pasará la factura.
Al mismo tiempo se han iniciado procedimientos para determinar la responsabilidad por las posibles infracciones medioambientales y urbanísticas detectadas. Además, se ha dado traslado al Govern para que estudie si el caso debe ponerse en manos de la Fiscalía para determinar si hay un delito contra el medio ambiente.