El equipo de gobierno de Sant Antoni (PSOE, Reinicia y El Pi) ha hecho su propio balance al cumplirse el primer aniversario de la constitución de la nueva corporación municipal, un periodo en el que, aseguran, han intentado buscar soluciones a los problemas que sufre el municipio.
Como principal logro destacan la redacción del Plan Estratégico 2016-2030, que estará acabado después del verano, y que «será el eje alrededor del que se articulará el cambio que queremos para el municipio».
En cuanto a limpieza, el tripartito señala que ya se ha aprobado el pliego de condiciones del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, que esperan adjudicar a principios de 2017. Un pliego que ha sido criticado por la oposición en lo que al sistema de recogida de residuos de los camiones se refiere y por el pago millonario que se efectuará a la actual contrata por la urbanización que llevó a cabo del lugar donde tiene instalada su nave.
Otra de las medidas destacadas por el equipo de gobierno portmanyí es la regulación del acceso a Cala Salada para «mejorar la seguridad, la sostenibilidad y la protección del entorno de esta playa».
En materia económica el tripartito presume de haber reducido la deuda pública en 1.141.000 euros y de incrementar el cobro de impagados en un 21%. También destacan el ingreso de más de 200.000 euros en sanciones durante este año, así como la contratación «por primera vez» de un inspector de urbanismo y actividades que en los primeros cinco meses de 2016 ha permitido contabilizar 30 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística, 18 órdenes de ejecución y 20 medidas cautelares.
También señalan la puesta en marcha del proceso de selección de siete nuevos agentes de policía que refuercen el servicio en verano y de otros seis de manera permanente, aunque olvidan la polémica contratación de la coordinadora, Ángeles Gallardo, que trabajó de manera irregular durante varios meses.
Por último, el equipo de gobierno de Pep Cires apunta la modificación de ordenanzas como la de convivencia «para dificultar la celebración de botellones y la aglomeración de personas bebiendo en la vía pública». Una nueva normativa que también ha levantado polémica ya que prohíbe el consumo de todo tipo de bebidas en grupo, ya sean alcohólicas o no, si se molesta a los vecinos o se ensucia el entorno.