El Tribunal Supremo ha ratificado que el Govern deberá pagar 7,8 millones a la empresa Accesos Ibiza, la concesionaria de las obras de la carretera del aeropuerto, para «restablecer su equilibrio económico y financiero» ya que, según se desprende de la sentencia, los retrasos y, por tanto, los sobrecostes en los trabajos de construcción estuvieron motivados por los «disturbios surgidos como consecuencia de la grave contestación social que se originó en torno a esa obra». El 27 de febrero del año pasado el TSJB dictaminó que el Ejecutivo autonómico debía pagar 7,8 millones de euros a la empresa, que en un principio reclamaba 9,9 millones. El Govern presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que finalmente ha confirmado que deberá pagar 7,8 millones. La empresa que construyó la carretera explicó que los altercados y la contestación social retrasó toda la operativa, por lo que se retrasaron las expropiaciones, los que se produjeron en la ocupación de los terrenos, los relativos a la seguridad privada y los debidos al traslado de las plantas de producción, conglomerado, hormigón y de cemento, así como los causados por los disturbios.
El Govern rechazó en marzo de 2011 la reclamación de Accesos Ibiza basándose en un informe de ingeniero jefe del departamento de Dirección de Obras. La sentencia explica, además, que la Conselleria de Obres Públiques del Govern encargó un informe a la Universidad Politécnica de Madrid en el que se concluyó que «por causas imputables a la administración recurrida con incidencia directa y sustancial en la economía de la concesión, los retrasos y problemas con las expropiaciones, la seguridad privada y los traslados de plantas forzados por los Ayuntamientos de Sant Josep y de Eivissa habían dado lugar a un sobrecoste de 10,8 millones de euros». Un informe propio de la Conselleria de Obres Públiques establecía que la cantidad debía ser 7,8 millones. Por tanto, dos informes reflejaron que la empresa debía ser indemnizada. La sentencia concluye que no son sobrecostes ajenos a los incidentes sino debido a ellos, por lo que reconoce el derecho de la empresa a ser compensada para restablecer su equilibrio económico y financiero.