El jurado que decidirá en el ‘caso Can Domenge' comenzará hoy sus deliberaciones para decidir si María Antònia Munar merece tres atenuantes tras admitir el cobro de un soborno o no. Los nueve ciudadanos escucharon ayer por un lado al abogado defensor reclamarles que den a la expresidenta del Consell el mismo trato que ha dado el fiscal al resto de acusados: «Es un ciudadano más que tiene que tener el mismo trato, ni peor ni mejor». En frente, la Fiscalía apeló a que el jurado no se sienta constreñido por el dolor mostrado por Munar en el juicio por su ingreso en prisión: «La responsabilidad de ese sufrimiento es del que se aprovechó del cargo público para saltarse la ley, no de quien aplica una condena. Estamos ante un delito grave y no hay ningún atenuante».
En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía mantuvo la petición de cuatro años de cárcel para Munar. Las únicas modificaciones que introdujo se refieren a cómo se produjo el reparto del dinero. Sostiene que la cantidad percibida por la expresidenta fue de más de dos millones de euros, según el relato que hizo en la primera sesión Bartomeu Vicens. La defensa de Munar concretó que, la aplicación de los tres atenuantes que solicita dejaría la pena en seis meses de cárcel. El letrado que ayer representó a la acusada, Jesús Villamor, defiende que la pena que reclama Fiscalía es «absolutamente desproporcionada» y sostiene que el jurado debe tener en cuenta la confesión de Munar: «No existían más pruebas contra ella que la declaración de otro acusado. Por eso tiene que haber una aminoración de la condena». El ministerio público niega que se haya producido esa confesión y recordó que Munar no ha aportado ningún dato nuevo y que no concretó en el juicio cuánto dinero recibió. Señaló que, en ocasiones similares, en otros juicios se les ha rechazado la confesión a otros de los acusados, como Miquel Nadal y Bartomeu Vicens.
Reparación del daño
El segundo de los atenuantes en juego es el de reparación del daño. La defensa lo apoya en el pago de 160.000 euros por parte de Munar antes del juicio. De nuevo, el fiscal, Juan Carrau, rechaza que se deba rebajar la pena por este motivo. Recuerda que la cantidad es apenas un siete por ciento del dinero que sostiene que recibió la acusada. También que el destino de esos fondos será pagar la multa a la que será condenada en cualquier caso, no resarcir a la víctima del delito, en este caso el Consell Insular.
Por último, defensa y acusaciones se enfrentan sobre la duración del proceso, excesivo para el primero y la habitual, para los segundos. El abogado de Munar insiste en que los hechos ocurrieron hace diez años y que el primer juicio, cuando se denunció el soborno ocurrió hace tres.
Las defensas Bartomeu Vicens, Román Sanahuja y de Miquel Llinás se unen a las peticiones del fiscal para sus defendidos. Por su parte, la de Miquel Nadal discute la pena a imponer (año y medio frente al año y diez meses que le reclama el fiscal). Sin embargo, el jurado no se tendrá que pronunciar sobre Nadal ya que, quien fija la pena es la magistrada que preside el juicio y el jurado solo decide sobre los hechos.