La Fiscalía suma otro escrito de acusación contra el expresident Jaume Matas por el ‘caso Palma Arena'. El jueves presentó en el juzgado de Instrucción el de la pieza 8, en el que reclamaba dos años de cárcel por la contratación del primer arquitecto del velódromo y ayer registró el de la pieza 9, en el que pide idéntica pena para el expresident por la elección de los arquitectos que continuaron el proyecto, los hermanos García Ruiz. En este caso, además se reclama que Matas haga frente a una responsabilidad civil de más de 800.000 euros en solitario.
Cinco calificaciones
En dos días, el fiscal Pedro Horrach ha presentado cinco calificaciones en otras tantas causas del ‘caso Palma Arena'. En ellas pide la apertura de cuatro juicios y el archivo de una. En una línea similar, la Abogacía de la Comunitat ha calificado otras dos contra Matas, las mismas que el ministerio público y también reclama ya penas que suman cuatro años para el expresident. Una vez los abogados de Matas hayan presentado su escrito de calificación, el juez Castro dictará el auto de apertura de juicio oral.
El último escrito de la Fiscalía describe cómo se realizó la contratación de los García-Ruiz por ocho millones y medio de euros. El ministerio público sostiene que esa fue una decisión tomada por Jaume Matas de forma directa y que se materializó a través de José Luis ‘Pepote' Ballester, a quien se reclaman en este caso tres meses de prisión. El fiscal aplica un atenuante muy cualificado de confesión al exdirector general de deportes del Govern.
En la otra pieza calificada ayer por el fiscal, también se acusa a Ballester. Se trata de la parte del Palma Arena que investigaba la adjudicación a dedo de los trabajos para demoler dos naves que se ubicaban en los terrenos donde se iba a construir el velódromo. Por esta causa, el fiscal señala que no cabe aplicar ninguna condena a Ballester porque ya fue condenado con anterioridad en el Palma Arena.
AL MARGEN
El juez cita a dos testigos por la sede del PP de Palma
Por su parte, el juez José Castro ha llamado a declarar a dos exempleados de la empresa Bruesa para que testifiquen sobre el cheque de 600.000 euros que la empresa manejó en Palma y que, según otra testigo pudo ser empleado para pagar las obras de reforma de la sede del PP.