El primer año y medio de gobierno tripartito en el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha estado marcado por algunas decisiones polémicas tomadas por el actual equipo de gobierno. Y para muestra de ello, la anulación por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo número de Palma del nombramiento de la directora técnica de Seguridad, Ángeles Gallardo, que fue impugnada por el jefe de la Policía Local del municipio, Javier Verdugo, y que se ha conocido esta misma semana.
En noviembre de 2015 el pleno de Sant Antoni aprobó la creación del cargo de confianza de Gallardo con los informes en contra tanto de los departamentos de Intervención como de Secretaría del Ayuntamiento, ya que esta plaza no estaba constituida en la relación de puestos de trabajo. Una situación que no pasó por alto la Delegación del Gobierno, que instó al Consistorio portmanyí a anular dicha contratación irregular. A finales del mes de enero de este año, el pleno aprobó la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Sant Antoni y la creación de la plaza de director técnico de Seguridad. Entonces, el alcalde Pep ‘Cires' firmó el mismo día dos decretos en los que despedía y volvía a contratar a Ángeles Gallardo para dicho puesto. Un cargo que supone un coste de 60.000 euros anuales para las arcas municipales.
El fallo de la jueza Sonia Martín supone un varapalo en toda regla para el equipo de gobierno, ya que señala que la creación de este cargo de confianza está «carente de toda motivación». Además, asegura que el Ayuntamiento no ha justificado la creación de dicha plaza y que el procedimiento seguido ha supuesto una «desviación de poder».
La sentencia de este tribunal ha coincidido con la polémica sobre los comentarios del teniente de alcalde Pablo Valdés sobre la falta de uniformes de invierno de los agentes de la policía local. «Sí, amigos, nos hemos vuelto locos del todo y hemos hecho realidad el sueño de cualquier mariquita: este invierno la policía patrullará en pelota picada», fue uno de los comentarios que el líder de Reinicia Sant Antoni publicó en su muro de Facebook. Unas palabras que fueron muy criticadas en las redes sociales y que no sentaron nada bien en el seno del cuerpo policial. De hecho, Valdés acudió este viernes al retén de la Policía Local de Sant Antoni para disculparse ante los agentes. Unos policías que consideran que estas disculpas llegan «tarde» y son «forzadas», según fuentes del cuerpo. Solo había 6 policías de casi medio centenar.
En este sentido el Partido Popular pidió la celebración de un pleno extraordinario –que todavía no tiene fecha de celebración– y el cese de los concejales Aída Alcaraz y Pablo Valdés. Una opción que en principio no contempla el alcalde Pep Tur.
Una ordenanza polémica
Antes del inicio de la temporada turística el pleno de Sant Antoni aprobó de manera inicial la modificación de la ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia en el municipio, concretamente tres artículos del capítulo dedicado al consumo de bebidas alcohólicas y la práctica del botellón en los espacios públicos. Sin embargo, la polémica saltó a finales de marzo, cuando la concejala de Governació, Aída Alcaraz, adelantó en un programa de IB3 Ràdio la intención del equipo de gobierno tripartito de prohibir el consumo de todo tipo de bebidas en la vía pública, lo que también provocó una avalancha de críticas en las redes sociales. «Hasta ahora estaba prohibido el consumo de bebidas alcohólicas pero ante la imposibilidad muchas veces de diferenciar si se trata de alcohol o simples refrescos nos hemos visto ante la necesidad de adoptar estas medidas para evitar que clientes de locales de ocio o bares salgan con cualquier tipo de bebida alcohólica a la vía pública», señaló la regidora ante los micrófonos de la radio pública balear.
El punto 5 del artículo 42 de la ordenanza es, sin duda, el que ha creado más controversia ya que prohíbe el consumo de cualquier tipo de bebida en grupo, sea alcohólica o no, si las personas que forman la aglomeración molestan a los vecinos, a las personas que en ese momento pasen por la calle o provoquen suciedad. Es decir, si un grupo de personas está bebiendo refrescos en una plaza y montando jaleo, los agentes de la policía local de Sant Antoni pueden requerir a este grupo que cese su actividad además de decomisar las bebidas, que pueden ser destruidas de forma inmediata, según figura en el mismo punto de la nueva normativa.
Esta misma ordenanza prohíbe que los menores de edad lleven bebidas alcohólicas por la calle o beber alcohol fuera de los espacios autorizados cuando se realice en envases de vidrio o puedan causar molestias a los vecinos o viandantes.
10.000 € más en sueldos
El equipo de gobierno tripartito de Sant Antoni cuesta aproximadamente 10.000 euros anuales más que el último gobierno del PP de Pepita Gutiérrez, a pesar de que el alcalde no cobra nada (percibe una pensión) y el teniente de alcalde Pablo Valdés tiene un sueldo de concejal ‘raso'. Este incremento viene dado por el mayor número de concejales que el anterior equipo de gobierno y de dedicaciones exclusivas.
En este sentido, estos sueldos se han aumentado a lo largo de la legislatura ya que la concejala Ainara Sánchez asumió las competencias de Benestar Animal que antes gestionaba Valdés y se le aumentó la nómina.
A principios de este año el Partido Popular calificó de «sorprendente e irrisorio» que la concejala socialista de Serveis Socials, Neus Marí Costa, remitiera una serie de gastos como «40 céntimos por aparcar en zona azul o el kilometraje por asistir a comidas populares, manifestaciones o misas de fiestas patronales y que partidos cómo el PI o Reinicia apoyen este tipo de acciones».
Los concejales ‘populares' sacaron a la luz una hoja con una relación de trayectos realizados, supuestamente, por la regidora socialista y el número de kilómetros recorridos, así como varias cantidades con el asunto ‘aparcamiento'.
Entre los viajes de Neus Marí destacaban varias reuniones en el Consell d'Eivissa, la celebración del día de Sant Mateu el 21 de septiembre, una fiesta de la tercera edad en Sant Rafel o el día mundial de la salud mental en Santa Gertrudis. En total, 670 kilómetros entre finales de junio y principios de diciembre del año pasado.
Desde el equipo de gobierno señalaron entonces que el cobro de estos gastos está amparado por la ley pero los ‘populares' señalaron que el de concejal «es un puesto al que acceden personas con vocación de servicio público y resulta triste que traten de cargar estas miserias a las arcas municipales por realizar una labor bien remunerada y por la que, ningún concejal en las pasadas legislaturas y hasta el momento, ha tratado de cobrar cantidad alguna».
LA NOTA
La barrera de Cala Salada, una experiencia piloto con pros y contras
El Ayuntamiento de Sant Antoni decidió limitar este verano la entrada de vehículos a Cala Salada con la instalación de una barrera para evitar las aglomeraciones del pasado y promover, de paso, el transporte público. Una experiencia piloto que muchos turistas y residentes criticaron por el alto precio del autobús (2,5 euros por persona y trayecto) desde el aparcamiento de Can Coix. Además, muchos vecinos de la zona se quejaron de que usuarios dejaban el coche aparcado frente a sus viviendas con escaso margen para circular y trasladando el problema de aparcamiento a otro lugar. La falta de información durante las primeras semanas también fue una de las principales quejas. El equipo de gobierno tripartido pretende repetir experiencia el próximo verano.