El Ayuntamiento de Sant Josep aprobó ayer, con los nueve votos favorables del PSOE, la modificación de la ordenanza municipal de ruidos y vibraciones que obligará a todos los locales que ofrezcan música como actividad complementaria a instalar limitadores acústicos. Hasta ahora sólo estaban obligados a disponer de un sistema de estas características los establecimientos de ocio de Platja d'en Bossa. Los que aún no disponen de limitador acústico tendrán un periodo de 12 meses para adecuarse a la nueva ordenanza. «Se trata de igualar a todo el municipio. Lo que hacemos es regular una actividad que es consecuencia de la Ley de Turismo de 2012, que permitía tener música en cualquier lado», indicó la primera teniente de alcalde, Paquita Ribas.
La propuesta contó con 12 abstenciones del PP, Guanyem y Al-In. Los portavoces de estas dos últimas formaciones, José Ramírez y Vicent Torres, respectivamente, mostraron su desconfianza respecto a que el Ayuntamiento, con sus escasos recursos, pueda hacer cumplir la normativa. Por su parte, el concejal del grupo municipal popular Javier Marí denunció que con esta modificación se obligará a colocar un limitador a «cualquier empresa que disponga de un reproductor de música en el local», y puso como ejemplo «los hoteles, las viviendas vacacionales, agencias de viaje, empresas de restauración o puntos de información turística». Paquita Ribas negó a la mayor, pidió a la oposición que no sea «catastrofista» y especificó que la ordenanza afectará a los locales que tengan música «como actividad complementaria» y que sólo «amplía el territorio» respecto del reglamento anterior. El regidor del PP acusó al equipo de gobierno de actuar con «despotismo ilustrado» por «no pensar en las repercusiones que puede causar esta modificación».
Biblioteca y piedras
Después de otro intenso debate que culminó con tres minutos de receso para redactar la modificación de uno de los puntos, la corporación aprobó la propuesta de acuerdo presentada por el PP por el cual el Consistorio «manifiesta su voluntad de mantener abierta la biblioteca de Cala de Bou y arbitrará los mecanismos necesarios para que sea una realidad lo antes posible».
También se debatió sobre la polémica del cierre y posterior reapertura del conocido como ‘camí de es Codolar'. A propuesta de Al-In y tras matizar varios puntos, el pleno acordó que el Ayuntamiento «busque un acceso alternativo cuando tenga que cerrar el torrente» para no perjudicar a los vecinos, y que instará al Govern a que lleve a cabo una «limpieza inmediata» de los más de 20 torrentes que hay en el municipio josepí.
Por otra parte, la petición del equipo de gobierno de aprobar una ordenanza que obligue a los locales de ocio a tener un sistema automático de control se retrasa al pleno de febrero después de que el PP criticara que el documento «no ha pasado por la comisión informativa».
LA NOTA
«El millón de Caló de s'Oli va para Sa Coma»
El grupo municipal popular reprobó ayer al equipo de gobierno por haber permitido, en su opinión, que el Consell elimine del presupuesto la partida de un millón de euros destinada a la zona de Cala de Bou. El PP presentó una moción, rechaza por el pleno, para exigir el mantenimiento de esa inversión estatutaria comprometida en 2010 para la adquisición de un solar en Caló de s'Oli. La primera teniente de alcalde, Paquita Ribas, explicó que el Consell «se ha comprometido de palabra» a que ese dinero se incorpore al remanente de Sant Josep para que pueda «gestionarlo en lo que considere». La portavoz de los populares, Neus Marí, mostró su escepticismo y aseguró que el millón de euros «irá a parar a Sa Coma».
Por otra parte, el PP exigió saber si se han cometido irregularidades en la tramitación de denuncias interpuestas por la Policía Local después de que un sindicato pusiera este hecho en conocimiento del Consistorio. Paquita Ribas explicó que las denuncias se enviaron a Delegación de Gobierno «y regresaron sin haber sido tramitadas». «El proceso todavía no ha acabado», precisó.