El equipo de gobierno de Sant Antoni llevará al pleno del próximo lunes una propuesta de resolución de Alcaldía que tiene como finalidad última anular el nombramiento de Javier Verdugo como inspector de la Policía Local de Sant Antoni, condición previa a su nombramiento como jefe del cuerpo.
José Tur Cires emitió el miércoles un decreto para convocar un pleno el 27 de marzo, cuyo primer punto del orden del día es la «revisión de oficio del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de noviembre de 2010 por el que se realizó el nombramiento de Francisco Javier Verdugo como Inspector de la Policía Local de Sant Antoni».
El informe-propuesta de resolución firmado por el alcalde portmanyí manifiesta la posibilidad de que el nombramiento de Verdugo «hubiera incurrido en nulidad absoluta o de pleno derecho prevista en el artículo 47.1 f de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas».
Según la documentación recabada por el Ayuntamiento a petición de la concejalía de Governació, Verdugo aportó una certificación que le declara exento de un curso de equivalencia pero no acreditó, mediante certificado del EBAP, la realización del curso de dispensa en un grado del requisito de titulación. En este sentido, puntualizan que Verdugo no cuenta con la titulación académica o formación de tercer grado exigida; no tiene el título equivalente dispensado por el EBAP y tampoco ha acreditado un mínimo de 180 créditos universitarios.
Fundamentos de derecho
El informe de Alcaldía, en sus fundamentos de derecho, también incide en el hecho de que en la fecha en que se aprobó el nombramiento de Verdugo (30 de noviembre de 2010), Sant Antoni no podía crear la plaza de inspector, conforme a la regulación de plantillas de las policías locales de Balears.
Según indican en el informe, en esa fecha la plantilla estaba compuesta por 40 agentes. La normativa indica que por cada seis agentes se crea un oficial; por cada tres oficiales, un subinspector, y por cada dos subinspectores, un inspector.
Con estos datos, el informe indica que con los cinco oficiales que había no se cumplía el criterio de la norma y no se podía aumentar la plantilla a dos subinspectores, condición necesaria para crear la plaza de inspector.
Con todo, la propuesta de resolución de Alcaldía solicita «iniciar el procedimiento de revisión de oficio del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de noviembre de 2010 por considerar que se encuentra incurso en causa de nulidad absoluta o de pleno derecho» prevista por la normativa vigente.
Por su parte, el jefe de la Policía Local, Javier Verdugo, indicó que presentó toda la documentación en forma y tiempo legal, así como que los criterios que esgrime el Ayuntamiento para la creación de la plaza de inspector eran «orientativos y que prácticamente no se cumplen en ninguna plantilla de Balears».
Verdugo, quien el jueves pasado presentó una denuncia por acoso laboral contra la concejal de Governació, hizo hincapié en que ya esperaba una acción así por parte del equipo de gobierno «ya que es parte de su campaña de acoso y derribo contra mi persona».
LA NOTA
‘Cires' expresa su máximo apoyo al trabajo de Alcaraz
El alcalde de Sant Antoni, José Tur Cires señaló ayer desconocer formalmente la denuncia presentada por el jefe de la Policía Local, Javier Verdugo, contra la concejal de Governació, Aída Alcaraz, y subrayó que si Verdugo tenía esa sensación de acoso laboral «debería haberlo comunicado a los responsables de personal del Ayuntamiento o al alcalde personalmente». Cires, quien expresó su máximo apoyo y reconocimiento al trabajo realizado por Aída Alcaraz, subrayó que las acusaciones de Verdugo «son sorprendentes porque ha estado de baja prácticamente todo el 2016». De entre todos los agravios denunciados por Verdugo, Cires sólo se refirió a la retirada del vehículo oficial. «Se trata de un coche que es de servicio municipal y yo tampoco tengo coche oficial», subrayó. Asimismo, denunció «la postura del PP de aplaudir todas las coas que van en contra de un equipo que tiene el respaldo del 62 por ciento del pueblo».