El Parlament cree que en la construcción de las autovías pudieron cometerse varios delitos por lo que propone a la Fiscalía Anticorrupción que estudie las adjudicaciones de las obras. Es la conclusión a la que ha llegado la comisión de investigación de las autopistas de Eivissa con el voto unánime de los partidos de izquierdas y el rechazo del PP.
Ayer finalizó el trabajo y las conclusiones añaden que el PP, con Jaume Matas y Mabel Cabrer a la cabeza, intentaron beneficiar a una serie de empresarios, lo que provocó un sobrecoste de las obras.
Pero tal vez la parte más contundente es la que se refiere a un posible caso de financiación ilegal del PP a través de contratos de publicidad, lo que ha empujado a los responsables de la comisión a pedir a la Audiencia Nacional que estudie si también puede haber delitos relacionados con la caja B del PP nacional. MÉS, PSIB y Podemos, que firman el informe de conclusiones, hacen además un reproche ambiental por las consecuencias negativas para el territorio que tuvo la construcción acelerada de estas obras y acusan al grupo empresarial de Matutes de beneficiarse de la recepción de tierras retiradas durante la ejecución de la autovía al aeropuerto por la empresa adjudicataria.
Otras de las personas señaladas en las conclusiones es el exdirector general d'Obres Públiques Carlos Jover, a quien se apunta por haber favorecido a los artistas a los que se compraron esculturas para las rotondas. También se le atribuye la destrucción de «numeroso patrimonio arqueológico de valor incalculable».
Los ‘populares' creen que el único posible delito que se ha podido cometer corresponde al exconseller socialista d'Obres Públiques, Jaume Carbonero, que dictó resoluciones que han beneficiado a la constructora de las obras y provocaron su «enriquecimiento». El PP considera que todo el trabajo de la comisión ha sido una pérdida de tiempo dedicada a hacer un uso partidista de la Cámara.