El interventor del Ayuntamiento de Sant Antoni se encuentra de baja por ansiedad y estrés laboral desde el pasado viernes, cuando presentó su baja médica en el registro general de entrada del Consell d'Eivissa.
Este funcionario ha sido el que advirtió al equipo de gobierno portmanyí que estaba incumpliendo la normativa relacionada con los contratos menores. El tripartito de Sant Antoni ha abonado 361.000 euros por diez contratos menores que el interventor del Consistorio calificó de ilegales al sobrepasar todos ellos el límite de 18.000 euros que marca la ley. De entre estos diez contratos, nueve de ellos, además, sobrepasan la duración legal establecida por ley.
Según el informe del interventor, al que ha tenido acceso este periódico, entre los bienes y servicios que el Ayuntamiento de Sant Antoni ha pagado de forma ilegal se encuentra una partida de 25.000 euros por «servicio de inserciones publicitarias diversas» a Diario de Ibiza S.A., así como 23.000 otorgados a Adrián Rodríguez Hidalgo, promotor del festival Sueños de Libertad, por el «servicio de organización de conciertos».
Las facturas corresponden a bienes y servicios ofrecidos durante el año 2016 y, a pesar de los indicios de ilegalidad denunciados por el alto funcionario, el tripartito ha decidido abonarlas. Además, de estos diez contratos que superan el límite legal hay otros 34 contratos con proveedores de bienes y servicios que tienen el reparo del interventor por superar la duración para ser tramitados como contratos menores y que tienen un valor total de 373.330 euros, con lo que la suma total de todos los contratos asciende a 734.330 euros.
En dicho informe, el interventor destaca que algunas facturas aprobadas, de pequeños importes, no responden a la satisfacción de las necesidades públicas sino que, por el contrario, son colaboraciones con asociaciones o entidades. La ley contempla que un contrato menor podrá alcanzar hasta los 50.000 euros cuando sean contratos para obras, pero tienen un límite de hasta los 18.000 euros más IVA cuando sean para otro tipo de servicios. El interventor advierte, además, que los contratos menores no pueden trocearse.