El tripartito de Sant Antoni invocó ayer a la «herencia recibida» al intentar justificar las ilegalidades advertidas por el interventor del Ayuntamiento en relación a diez contratos menores cuyas cuantías superan el límite de 18.000 euros que marca la ley.
El concejal de Hisenda, Francisco Tienda, que tomó la palabra al finalizar todos los puntos del orden del día, quiso minimizar el informe del interventor al calificarlo de «recomendaciones» y señaló que «no está elaborado para informar de ilegalidades, palabra que se ha utilizado a la ligera, de forma injusta y errónea, sino para organizar el trabajo del departamento de contratación dado el estado de abandono durante una década en este ayuntamiento». Sin embargo, el interventor no pudo aclarar la intencionalidad de su informe ya que se encuentra de baja laboral desde el pasado viernes y Tienda retó a que «si alguien considera que hay alguna ilegalidad, que lo denuncie donde toca».
Posteriormente, el concejal de Reinicia explicó otro informe elaborado por la interventora accidental que «intenta reflejar qué ha sucedido con estas contrataciones desde 2009» y detalló las cantidades pagadas por el Consistorio en contratos menores desde ese año hasta 2016 a los mismos 44 proveedores de servicios mencionados en el primer informe del interventor. Tienda señaló que la situación en el departamento de Contratación en 2015 «era absolutamente caótica». «Lo siento, no es culpa nuestra, es culpa suya. Demasiado elegantes hemos sido estos dos años intentando trabajar en vez de levantar alfombras y abrir cajones. Cuando lo hemos hecho es porque no nos ha quedado más remedio, como hoy», espetó Tienda a los concejales del PP antes de denunciar que en los últimos años de mandato de Pepe Sala como alcalde de Sant Antoni, «fue cuando más dinero se gastó en contratos menores. Una suerte que en aquellos años la intervención no estuviera al nivel, ¿verdad?», preguntó irónicamente Tienda.
Publicidad institucional
El concejal de Hisenda portmanyí también quiso referirse al dinero que los medios de comunicación facturan al Ayuntamiento. «Se habla de un medio de comunicación que ha recibido 25.000 euros en 2016 pero, casualmente, se obvia que están recogidos en el mismo informe otros muchos medios que también tienen una facturación no contratada. Cantidades menores, obviamente, porque el reparto de la partida de comunicación es proporcional a los datos de audiencia e impacto de cada medio. Porque este gobierno ha sido absolutamente escrupuloso en el reparto de la publicidad institucional», señaló Tienda, olvidando que lo facturado por los otros medios no supera los 18.000 euros y, por lo tanto, pueden ser tramitados como contratos menores, mientras que Diario de Ibiza S.A. superó el límite que marca la ley de contratos del sector público y, por lo tanto, es ilegal, tal y como así lo refleja el interventor en su informe.
Francisco Tienda echó la vista atrás y señaló que entre 2009 y 2012 «a un grupo de comunicación se le otorgaron también con contratos parciales» 126.000, 185.000, 152.000 y 122.000 euros, «duplicando y casi triplicando lo que hoy tenemos para los medios de comunicación».
Oposición
La concejal del PP Lidia Prats relató en su turno de palabra las críticas que en su día recibieron los equipos de gobierno ‘populares' por parte de los socialistas. «Ahora son ustedes los responsables y tienen que aguantar las críticas. Dejen de hacer oposición de la oposición».
LA NOTA
‘Cires': «En esta situación no veo ninguna ilegalidad»
Al finalizar el pleno el alcalde de Sant Antoni, Pep Tur, señaló que de la lectura del primer informe elaborado por el interventor «se extraen unas conclusiones completamente equivocadas y queremos demostrar que trabajamos para cambiar las cosas». «Se hablan de ilegalidades, que para mí no lo son, y de situaciones administrativas que quizás son mejorables pero, de ninguna manera, veo alguna ilegalidad en esta situación», apuntó el alcalde en sus primeras declaraciones que realizaba al respecto cinco días después de publicarse la primera noticia. En cuanto al reparo de ilegalidad que realiza el interventor, Cires sostuvo que «son diferentes puntos de vista, porque hay técnicos que lo ven de una manera y otros de otra. Son si-uaciones que no siempre son tan claras».