Los inquilinos de las infraviviendas construidas en cinco locales comerciales del barrio de ses Figueretes aguardaron ayer durante todo el día la llegada de agentes municipales con una orden de precinto.
Los inmuebles se alquilan desde hace años de manera fraudulenta después de que su propietario, a través de una notaría de Valencia, cambiara a residencial los usos del suelo, una modificación irregular según los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Vila.
El Consistorio notificó hace un mes al propietario el Decreto de paralización de los usos residenciales de dichos locales, sin éxito. Así que este martes, un celador de Urbanismo acudió a los bajos para informar a los inquilinos de que tenían 48 horas para abandonar los inmuebles. Sin embargo, la presencia ayer de multitud de periodistas, incluso de medios nacionales, les puso en alerta ante un eventual desalojo. Fuentes municipales habían informado a la prensa de que la Policía Local procedería a ejecutar ayer la orden de precinto en aquellos locales que estuvieran desocupados, pero en ningún momento se llegaron a personar en la zona. Los inquilinos, preocupados, acudieron a un gabinete de abogados para informarse de los pasos a seguir ya que, como explicaron a los periodistas, cuentan con contratos de arrendamiento urbano y hace un mes un agente municipal les aseguró que «estuvieran tranquilos, que todo era correcto».
Drama habitacional
En dichos locales residen 15 personas, la mayoría trabajadores de temporada. Cinco de ellos son italianos y viven hacinados en un pequeño bajo «sin ventilación» y con tres estancias habilitadas. «Es un local comercial, no es un apartamento. La única ventana que hay no es verdadera, da a una pared. Nos quejamos pero ya estaba todo pagado, daba igual», relata Manuel, antes de mostrar un recibo de 7.500 euros por dos mensualidades y media. Incluyendo un mes de fianza y otro más de depósito, acabaron pagando de una tacada 12.500 euros por un ‘apartamento' ilegal y distinto al que habían acordado con el intermediario por teléfono.
A la vuelta de la esquina residen en un cuchitril de apenas 30 metros cuadrados Marina Barragán y sus cinco hijos, cuatro de ellos menores de edad. Ella es la única que firmó un contrato anual, por el cual abona 1.000 euros al mes durante ocho meses de temporada y 800 euros al mes en invierno. Marina asegura que en años anteriores los bajos se alquilaban por días y semanas a turistas, pero el nuevo casero prefiere arrendar los inmuebles para toda la temporada. Eso sí, a precios desorbitados.
«Era consciente de que eran bajos comerciales pero yo no sabía si era o no legal. Cuando me ponen un contrato anual por la LAU no tengo por qué dudar y encima estando los alquileres como están. Nos dijo que tiene todos los permisos en regla, pero según dicen ahora el cambio de usos del suelo fue ilegal», lamenta Marina, que asegura que tras la primera semana viviendo en el local recibieron advertencias para abandonarlo. «A la semana de firmar el contrato con una agencia [ver foto superior derecha] empezaron los problemas. El dueño nos coaccionó cuando vino diciendo que era ilegal ese primer contrato. Nos iban a cortar el agua y a cambiar las cerraduras. Llamamos a la policía y al final no pasó nada; firmamos otro contrato con otra agencia», relata Marina.
Los ocupantes de estos bajos comerciales se sienten engañados tanto por los arrendadores como por el Ayuntamiento, a quien piden una alternativa habitacional si finalmente son desahuciados por orden judicial. «Entendemos que tengan que precintar esto y no nos negamos a irnos, pero el Ayuntamiento y el Consell tienen pisos de protección social; que nos ofrezcan un alquiler. Si nos echan, sacaremos aquí fuera los colchones y dormiremos aquí», sentencia la principal afectada.
A la Audiencia Nacional
La abogada Patricia de las Heras acudió a media mañana a los inmuebles para aclarar ciertos aspectos a los periodistas aunque, según admitió, no había «tenido tiempo» de estudiar el expediente ni la calificación del suelo. Aún así, afirmó los domicilios «tienen calificación registral de vivienda», según recoge el Regitro de la Propiedad, con fecha de mayo de 2016, tras el cambio de usos realizado por una notaría afincada en Valencia. «Ellos están haciendo un uso legítimo de su domicilio. Se les ha producido una indefensión terrible al quererles hacer un desalojo cuando ellos tienen su contrato, su título, que para ellos es legítimo. Vamos a poner un recurso en la Audiencia Nacional por vulneración flagrante de derechos constitucionales como es el de la inviolabilidad del domicilio, recogido en el artículo 18.2 de la Constitución», indicó la letrada ibicenca.