El tripartito de Sant Antoni presentará el jueves en el pleno ordinario de la institución una propuesta de acuerdo para modificar de forma urgente la ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en Balears. Desde el equipo de gobierno portmanyí explican que esta normativa fue modificada cuando el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta y supuso «una restricción de las capacidades de intervención de las administraciones públicas, rebajando de modo temerario el importe y graduación del régimen sancionador».
«La ley 7/2013 dividió por seis el importe de las sanciones hasta entonces aplicables y supuso la desaparición de resoluciones expeditivas como el cierre de aquellas empresas que incumplieran», señala la propuesta, que recuerda que, como consecuencia, los ayuntamientos «ven frustradas sus posibilidades de actuar con toda la contundencia debida mientras se multiplican las situaciones en las que prima la actividad empresarial pese a la generación de molestias, daños medioambientales o insalubridad».
PSOE, Reinicia y PI consideran que la aplicación de esta ley ha generado una situación de superioridad del infractor frente a la Administración por lo que solicitan que se recuperen el importe de las sanciones y la capacidad de intervención que la ley 16/2006 (predecesora de la 7/2013) contemplaba. Aquella norma señalaba sanciones de hasta 6.000 euros por infracción leve, hasta 60.000 por grave y hasta 600.000 por muy graves, explicó ayer el Consistorio.