La Asociación de Vecinos de Santa Gertrudis ha denunciado ante la conselleria de Medi Ambient del Govern balear una serie de vertidos provenientes de es Polvorí de Santa Gertrudis y, paralelamente, se ha personado en los dos expedientes sancionadores abiertos por el Ayuntamiento de Santa Eulària.
El presidente de la asociación, Joan Tur, señaló a PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA que las dos acciones emprendidas fueron acordadas en la última reunión vecinal, celebrada la semana pasada tras las últimas medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Santa Eulària y la «molesta situación y problemas que están causando a los vecinos» las actividades que se llevan a cabo en el antiguo recinto militar.
Obras y otras actividades
«Lo que está pasando en el polvorín es un problema que afecta a todos los vecinos de Santa Gertrudis, no sólo a los más próximos, y por ello la asociación ha decidido hacer frente común y personarse en los procesos abiertos por Santa Eulària porque queremos recibir información de primera mano de todas las actuaciones», apuntó Joan Tur, quien valoró las medidas adoptadas por el Consistorio. «La gente debe comprender que no vale todo. Si se han realizado unas obras y otras actividades sin licencia eso deber tener un tipo de repercusión», indicó Tur, quien recordó que en la reunión de la plataforma vecinal se puso sobre la mesa las obras que se están llevando a cabo en el recinto, la celebración del encuentro de chamanes y la posible realización de otras actividades, así como el alquiler como vivienda de las diferentes estancias presentes en las antiguas instalaciones militares.
El pasado 28 de julio, el Ayuntamiento de Santa Eulària abrió dos expedientes sancionadores por infracción urbanística contra la propiedad del antiguo polvorín de Santa Gertrudis y reclama a la propiedad «la restitución de la realidad física alterada».
LA NOTA
Desocupación del polvorín
Durante la última inspección realizada, los técnicos municipales comprobaron que la propiedad había retirado los tipis y las cabañas, así como que las salas de los cuarteles ya no se hacían servir como alojamientos. No obstante, siguen estando ocupadas las antiguas residencias de suboficiales, lugar donde habría una docena de personas. La propiedad ha presentado alegaciones en las que argumenta que las residencias militares sí que podrían ser destinadas a residencia. Estas acciones se derivan de la inspección realizada el 13 de julio por técnicos municipales, Policía Local y Guardia Civil, después de que este medio revelase una serie de obras que se estaban realizando en el interior del recinto, donde también se estaban alquilando diverras dependencias, circunstancia que también denunciaron los vecinos.