Las patronales turísticas de Ibiza valoraron ayer positivamente el texto definitivo de la nueva ley balear en lo que respecta a la prohibición del alquiler de pisos a turistas en la isla, pero se mostraron contrarias a reducir el techo de plazas, tal y como pretende hacer el Consell d'Eivissa a través de un nuevo Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT).
La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), Fomento del Turismo y la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos (AVAT) piden «consenso» a la hora de establecer un techo de plazas para la isla después de que el Consell haya manifestado que promoverá un «decrecimiento» de las actuales 109.800 plazas turísticas.
Por otra parte, las cifras facilitadas por la máxima institución han abierto una nueva brecha entre hoteleros y viviendas turísticas vacacionales a cuenta del número autorizado de camas y de los requisitos que exigen a unos y otros para legalizar sus estancias.
El presidente de la patronal hotelera, Juanjo Riera, se mostró «sorprendido» por el número de plazas fijadas para las viviendas vacacionales, 20.657, «que es casi el mismo techo que el de los apartamentos turísticos [21.653]». «Nos parecen muchas plazas para las viviendas vacacionales», subrayó el portavoz de la Fehif, que considera exagerado que haya un millar de casas de campo y villas legalizadas y otras 1.500 pendientes de autorización por parte del Consell para ejercer la actividad turística. Riera criticó el «agravio comparativo» que ha supuesto «durante años tener que cumplir una legislación muy estricta» y abonar 4.300 euros por plaza frente a los «600 euros o 700 euros» que abonan las viviendas vacacionales para «poder empezar a trabajar». «Si a alguien han perjudicado es a los hoteles de 5 estrellas, a los hoteles rurales y a los agroturismos», puntualiza Riera, quien añade que este tipo de oferta «no crea valor añadido ni puestos de trabajo estables» como sí hacen los establecimientos de tipo hotelero.
«Productos distintos»
El presidente de la AVAT, Roberto San Esteban, replica que «se trata de productos totalmente diferentes»: «Nuestro cliente, con un nivel cultural, social y económico interesante, quiere tener autonomía e independencia. Gasta dinero en restaurantes, tiendas, alquiler de coches, comercios... y es de un nivel más elevado que el que va a los apartamentos».
En cuanto al techo de plazas fijado por el Consell para su sector, sostiene que se trata de una cifra insuficiente, «sobre todo si las administraciones son capaces de controlar y de sancionar las más de 40.000 plazas que hay actualmente en la oferta ilegal». «Si al final son 2.500 las viviendas autorizadas iremos un poco justos. Nosotros habíamos planteado llegar a 3.000, que serían unas 22.500 plazas», indicó.
Con la prohibición de los pisos turísticos, San Esteban considera «conveniente» que el techo legal de plazas para la isla «aumente en 15.000 o 20.000» camas. Por eso solicita al Consell que busque el «consenso» entre todos los representantes del sector y que «bloquee» la oferta de alojamiento ilegal.
Desde Fomento del Turismo, su presidente, Lucas Prats, recuerda que la modernización de la planta hotelera «ha tendido a la reducción de plazas» por lo que cree que «ahora no había ningún problema en este sentido como para tener que reducir el techo». En cambio, ve con buenos ojos que el Govern balear se dote de «un arma jurídica» para combatir la oferta ilegal, «a pesar de los flecos que puedan quedar». «El hecho de que se haya aprobado la ley y que la patronal de apartamentos turísticos (Aptur) recomiende a los propietarios eliminar sus inmuebles de páginas web, y que se anulen reservas para las próximas semanas para evitar multas, ya tendrá un efecto pedagógico y disuasorio. Será ejemplarizante», declaró Prats sobre la nueva ley turística.
LA NOTA
«Hay mucha oferta ilegal de villas y muchos intermediarios»
El presidente de la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos admitió que en la isla de Ibiza hay «mucha oferta ilegal de villas y casas de campo», así como de intermediarios ‘ilegales' que las alquilan por meses o para toda la temporada para después «realquilarlas fraccionadas, por días y semanas». Roberto San Esteban recuerda que en temporada alta «hay 40.000 o 50.000 personas que no se sabe dónde se alojan», por lo que se muestra partidario de aumentar las plazas legales.