El Consell d'Eivissa ha iniciado diligencias sancionadoras contra el alquiler turístico irregular de un piso situado en una promoción de protección oficial de la ciudad de Ibiza. Las diligencias se iniciaron gracias a una denuncia anónima recibida en el correo electrónico de inspección turística (inspeccio.turisme@conselldeivissa.es).
La inspección del Consell comprobó que la vivienda se anunciaba en el portal de Internet Airbnb ofreciendo diversos servicios como desayuno, champú, wifi, toallas, y que se podían hacer reservas para noches. También se pudo comprobar, de acuerdo con la información que aparecía en el mismo portal, que la persona que comercializaba la vivienda lo había hecho al menos una decena de veces.
El Consell d'Eivissa también ha dado traslado de los hechos a la Delegación de Hacienda y la Dirección General de Vivienda del Govern Balear.
En este caso, dado que las diligencias se abrieron el pasado mes de julio, antes de la entrada en vigor de la modificación de la Ley turística, la persona responsable se expone a una sanción de entre 4.000 y 40.000 euros, tal como establecía la norma anterior.
Incremento de sanciones con la nueva Ley
Desde el Consell han explicado que con la nueva Ley, en vigor desde el mes de agosto, disponen de mejores instrumentos para perseguir el alquiler irregular en casas y pisos de la isla, además de incluir un considerable incremento de las cantidades económicas del régimen sancionador.
La comercialización turística de una vivienda sin autorización, han indicado, implica una infracción grave con multas entre 20.001 y 40.000 euros, tanto para el propietario como para el explotador o el comercializador, y por cada vivienda que se ofrece. En el caso de las plataformas o de otros titulares y explotadoras de los canales de comercialización turística, la publicidad o promoción de oferta ilegal, han añadido, implica sanciones de hasta 400.000 euros.
El Consell d'Eivissa ha informado que continúa con el Plan de Inspección Turística previsto para el 2017, aprobado por el Consell Executiu el pasado 21 de abril a propuesta del presidente, Vicente Torres. Este Plan, han concluido, que tiene como objetivo controlar el cumplimiento de la normativa turística y el correcto funcionamiento de todas las actividades y servicios turísticos, la detección de servicios turísticos clandestinos, como son los alquileres turísticos irregulares, actuar contra la mala praxis en el desarrollo de las actividades y servicios turísticos, y garantizar el respeto a los derechos de las personas usuarias de los servicios turísticos.