La temporada está llegando a su fin y, una vez se presenten los correspondientes balances de resultados, en apenas un mes comenzará el periodo de análisis y reflexión por parte de las patronales, los agentes sociales y las instituciones sobre qué futuro queremos para Ibiza y Formentera.
Aunque existen muy diferentes opiniones y prismas sobre el camino que han de tomar las Pitiusas, en lo que la gran mayoría coinciden es en la imperiosa necesidad de cumplir y hacer cumplir las normas y las leyes. La inacción y la falta de control frente a las numerosas infracciones y delitos que se comenten son el caldo de cultivo de fenómenos como la ‘turismofobia', pero son también el germen del desapego hacia la clase política.
Ni los ‘viejos' ni los ‘nuevos' están siendo capaces de frenar los abusos, aunque en el caso del alquiler turístico y la vivienda residencial se están aprobando cambios legislativos que, según algunos colectivos, podrían arrojar luz al final del túnel.
Esta semana conicimos que las inmobiliarias y los agentes de la propiedad en Ibiza prevén una contención en los precios de pisos en alquiler. La nueva Ley de Turismo está provocando que los dueños de pisos empiecen a abandonar el mercado vacacional, aunque muchos propietarios han expresado su «preocupación e indignación» por la nueva ley. También a través de este periódico hemos sabido que una gran plataforma de alquiler vacacional como Booking, así como otras agencias de ámbito local, eliminarán los anuncios de alquileres turísticos que carezcan de licencia. La gran plataforma de reservas está informando a sus colaboradores de que deben aportar antes del 6 de septiembre su número de registro. A partir de entonces, los inspectores del Govern balear podrán comenzar a abrir expedientes sancionadores contra aquellas plataformas que infrinjan la nueva ley balear.
Y si en Ibiza éramos pocos... Llegó el mosquito tigre. Este agresivo insecto está acabando con la paciencia de la población y con las reservas de Aután, pero nuestras administraciones no parecen ponerse de acuerdo sobre quién tiene las competencias para activar un plan de combate.