El Consell d'Eivissa anunció el pasado 10 de abril que iba a destinar 7 millones de euros en la compra de pisos para hacer frente a la situación de emergencia social que padece la isla. Más de cinco meses después, la máxima institución insular continúa trabajando en la redacción de los pliegos para la licitación de dicha adquisición.
A finales del pasado mes de mayo un portavoz del equipo de gobierno informó de que en ese momento se estaban redactando los pliegos técnicos de la licitación, «algo bastante complejo», según apuntó dicha fuente. La explicación fue que se trata de una convocatoria pública de adquisición de un stock de viviendas destinadas a que los Ayuntamientos las usen como pisos de emergencia social o para alquilarlos a través del Ibavi (Instituto Balear de la Vivienda). «El número de pisos exacto no se puede concretar hasta que no vayan llegando las ofertas, aunque en aquel momento se habló de unas 40 viviendas», indicaron desde el gabinete de comunicación.
Según recordaron, la licitación es pública y cualquier persona que tenga viviendas y las quiera ofrecer puede participar en el concurso público, si bien los principales poseedores de viviendas, tal y como apuntaron desde el Consell Insular, son las entidades bancarias. Con ellas, al menos hasta el mes de junio, únicamente se habían mantenido conversaciones telefónicas para explicarles la iniciativa y sondear su posible interés. No obstante, la consellera d'Habitatge e impulsora de esta iniciativa, Viviana de Sans, aseguró a finales de abril que las entidades financieras arraigadas en la isla de Ibiza suman unas 80 viviendas que estarían en disposición de vender.
Pliegos jurídicos
Transcurrido el periodo estival, el proceso de licitación continúa encallado en la redacción de los pliegos jurídicos de esta licitación, «que están resultando especialmente complejos», tal y como admitió ayer un portavoz del Consell.
Según había asegurado De Sans antes del verano, el objetivo era que la licitación para la adquisición de inmuebles estuviera lista «cuanto antes» y que estas viviendas estén a disposición de las administraciones municipales «entre finales de este año y principios de 2018».