El Ministerio de Hacienda está trabajando en un borrador de Real Decreto que obligue a las grandes plataformas de alquiler turístico a dar una información específica sobre la identidad de los propietarios del inmueble, además de si los pisos que ponen en alquiler tienen fines turísticos o los ingresos que perciben. Y es que, en palabras de Antonio Nieto, subdirector general de Cooperación y Competitividad Turística del Ministerio de Economía, la conocida como economía colaborativa que surge de las viviendas de uso turístico «tiene múltiples ventajas, pero también genera situaciones que crean inconvenientes».
En este sentido, durante la celebración del III Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales, organizado por AVAT, habló de la importancia de evitar que las plataformas «eludan algunas obligaciones como las tributarias, la no declaración de obligaciones fiscales, que fluya dinero negro o, incluso, el blanqueo de capitales». El alquiler de viviendas turísticas va en aumento, motivo por el que las administraciones públicas se han visto en la necesidad de tomar medidas. «Puede ser también que se trata de sistemas sobre los cuales se eluden algunas garantías que tienen los consumidores y que son esenciales para su seguridad», explicó Nieto.
El texto que «se tramitará en los próximos meses» también contempla abordar la seguridad. En esta línea, Nieto recordó que «la ley de Seguridad Ciudadana ya está obligando a los hoteles a suministrar a las fuerzas de seguridad del Estado información sobre las personas que se hospedan en los hoteles». Situación que, entiende, debe extrapolarse a las viviendas turísticas. «Deberá existir un flujo de información sobre las personas que se alojan en este tipo de viviendas», matizó.
Opiniones dispares
Tanto Homeaway como Airbnb, dos de las grandes plataformas presentes en el congreso, mostraron su rechazo al Real Decreto en el que está trabajando el Gobierno. «Las plataformas están dando herramientas para que esta actividad que se ha hecho siempre recaude más impuestos que nunca porque todos los pagos van a cuentas bancarias», explicó ángel Mesado, responsable de Políticas Públicas de Airbnb de España y Portugal.
LA NOTA
El Consell pide tener en cuenta la sostenibilidad
El Consell d'Eivissa, por su parte, reconoció ayer estar ante «un problema realmente complicado de resolver», en relación al alquiler turístico vacacional. Es complicado teniendo en cuenta las limitaciones de contratación impuestas por la normativa estatal actualmente en vigor», explicó el director insular de Turisme de Ibiza, Vicent Torres Benet. Desde el Consell aseguran que, aunque quieren que este sector «evolucione», es fundamental tener en cuenta el factor de la sostenibilidad porque «hay elementos a los que no hay que renunciar como la preservación de los
valores medioambientales, el equilibrio territorial y la consecución de un nivel óptimo de convivencia entre la población residente y los visitantes».