El Consell de Govern acordó ayer incrementar de 3 a 4,7 millones el fondo de ayudas al alquiler procedentes del Plan Estatal, tras constatar un incremento de las solicitudes. Según informó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, las solicitudes se han triplicado en el último año.
Para este 2017, se han aprobado un total de 2.134 solicitudes de alquileres inferiores a 600 euros, un incremento del 44 por ciento en relación a 2016, cuando se concedieron 1.478 ayudas. En comparación a 2015, en el que se otorgaron 785 ayudas, el incremento es del 172%.
La consellera recordó que para este año se habían previsto 335.000 euros de fondos autonómicos para alquileres de hasta 800 euros en Ibiza y Formentera. Si estas ayudas se suman a las del alquiler de hasta 600 euros, la cifra total de beneficiarios en Balears es de unos 2.300.
Conciertos sociales
La reunión del Consell de Govern de ayer (la próxima semana no habrá ya que el viernes es festivo) tuvo un alto contenido social. Además de la propuesta relativa al alquiler, se aprobó un nuevo sistema para financiar a las organizaciones del tercer sector y un programa destinado a subvencionar puestos de trabajo para personas discapacitadas.
En relación al primer punto, lo que aprobó el Consell de Govern fue autorizar a la Conselleria de Serveis Socials destinar 9,8 millones de euros a concertar los servicios de acompañamiento y servicio de empleo de personas con diagnóstico de salud mental, el servicio de tutela para adultos judicialmente incapacitados y el servicio de desarrollo infantil y atención temprana. Hasta ahora estas servicios se financiaban mediante subvenciones pero el Govern ha optado por la concertación.
La reunión de ayer también sirvió para dar por zanjados los recortes al funcionariado que se iniciaron con las supresión de la paga extra navideña de 2012. Este mes se abonará el último remanente.
EL APUNTE
El Ejecutivo se persona en el ‘caso Calanova'
El Govern, a través de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, se personará y ejercerá la acusación particular en las diligencias previas en relación a la adjudicación de un contrato administrativo del club náutico de Calanova. Los hechos afectan a la pasada legislatura y el exconseller Carlos Delgado declara como imputado.