Un sector sustancial del PSIB y la mayor parte de los miembros de esta formación que ocupan cargos de responsabilidad en la Conselleria de Salut están en contra de aprobar el decreto que regula la exigencia de conocimientos de catalán en la sanidad. Creen que presenta dudas jurídicas y alertan de que el rechazo social que está provocando esta medida puede tener consecuencias electorales en los comicios del año que viene.
Salut está trabajando en el estudio de posibles alternativas al decreto que pasarían por dejar aparcado el borrador inicial y redactar una «instrucción» –no un decreto– mucho menos contundente, según informan fuentes del Pacte.
Estas dudas jurídicas y políticas, así como el estudio de otras alternativas, están detrás del retraso en la aprobación del decreto, que se está negociando desde junio del año pasado sin resultados positivos hasta el momento.
Fuentes del Pacte confirman, además, que en estos momentos está abierta una doble negociación. Hay contactos con el sector sanitario para tratar de consensuar una salida técnica al problema, pero simultáneamente está habiendo conversaciones de índole política entre PSIB y Més, más concretamente entre los representantes de estas formaciones en el Govern.
Reacción social
Bajo el paraguas de las dudas jurídicas hay, en realidad, temor a que el decreto del catalán en la sanidad acabe provocando tal rechazo ciudadano que se convierta en el talón de Aquiles de este Govern. En el PSIB reconocen que comenzaron a sonar las alarmas el pasado mes de diciembre, a raíz de la manifestación celebrada en Menorca en contra de esta medida, un acto que reunió a más de 1.500 personas en Maó. Temen que la cuestión lingüística comience a centrar el debate político de aquí a las elecciones, de manera similar a lo que le pasó a José Ramón Bauzá en la pasada legislatura con el TIL.