El director de la Oficina Anticorrupción, Jaime Far, se estrenó ayer con un discurso nada protocolario y lleno de avisos. Dijo que «la tentación por el lucro indebido es amplia y omnipresente» y destacó que «toda persona está condenada a corromperse en algún momento, dependiendo de sus posibilidades y circunstancias». Más de una docena de cargos políticos y de representantes de otras instituciones escucharon sus palabras y no ocultaron su sorpresa.
Jaime Far es un inspector de Hacienda de 46 años que hasta ahora estaba al frente de la oficina de recaudación de Calvià, que colaboró con Raúl Burillo en la Agencia Tributaria y que, en los próximos cinco años (ese es su mandato) vigilará cualquier atisbo de corrupción en la Administración, no sólo en el Govern, sino también en los organismos públicos, los consells y los ayuntamientos. Su salario anual bruto es de 95.000 euros (uno de los más elevados de Balears), tendrá plena autonomía y su única obligación es informar anualmente al Parlament de sus gestiones. Unas gestiones marcadas por la confidencialidad y la reserva. Podrá recoger e investigar cualquier denuncia, también las anónimas, pedirá explicaciones en los departamentos afectados y, si viera indicios de delito, informará a Fiscalía.
En su intervención de ayer no se anduvo por las ramas. Dijo que existe «la percepción de que es posible cometer fraude con muy poco riesgo de ser sorprendido o descubierto» y que eso convierte a «personas fiables y honestas» en potenciales corruptos ya que existe una «justificación sociológica» que lleva a la gente a pensar que es fácil engañar o mentir. Según Far, «hay gente que se resiste a verse como un delincuente pensando que si otros lo hacen, por qué yo no». Y añadió: «Espero que la mera presencia de una oficina como esta sea motivo suficiente para desistir de estas intenciones».
De momento, Far está sólo en su oficina. Su despacho se ubica en la última planta del Parlament (en una zona alejada de los grupos políticos y del público en general) pero espera poder contar con un equipo de 15 personas. El presupuesto inicial para este año es de medio millón de euros.
Far precisó, tras su toma de posesión, que no indagará el llamado ‘caso Contratos' (que afecta a Més y que ha provocado varias dimisiones) pues ya está en manos de la Fiscalía. El Partido Popular (PP) pretendía que este fuera uno de los primeros casos de los que se ocupara.