El decreto para regular el uso del catalán en la sanidad pública balear todavía no está aprobado, pero sigue generando polémica. Las asociaciones de enfermos renales y de personas con diabetes, Alcer (Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón) y Adiba (Asociación de Personas con Diabetes), afirman que sus socios, por encima de los 1.700, están «muy preocupados y alarmados ante la imposición de la acreditación lingüística del catalán».
Ambos asociaciones de enfermos, presididas por Manuela de la Vega, explican a través de un comunicado que desde su constitución jamás han recibido ninguna queja de sus socios por el tema de la lengua en la atención sanitaria balear.
Desde las asociaciones apuntan que «nunca ha habido ningún problema en la comunicación en el trato cálido y humano entre los pacientes y sus profesionales», una relación que tiene un profundo carácter emocional y de apoyo psicológico», argumentan.
«Muchos de los profesionales que nos atienden no son catalanoparlantes y esto no ha sido ningún obstáculo ya que su trato es respetuoso, empático y muy digno», afirman desde Alcer y Adiba.
«Sabemos que hay carencia de profesionales y que es muy difícil que las plantillas estén completas» y por eso rechazan «que se imponga un requisito que haga todavía más difícil y complicado configurar los servicios como se precisa» para garantizar una buena atención sanitaria.
Alcer y Adiba están de acuerdo en la implantación progresiva del catalán, pero rechazan «categóricamente que se haga en forma de un requisito que puede tener gran impacto en la atención que recibimos», afirman.
Plazas
Por su parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, insistió ayer en que «no quedará ninguna plaza por cubrir en sanidad por motivos lingüisticos» y recordó que la propia Ley de Función Pública, donde se regula la cuestión lingüística, ya «habla de excepciones claras» en el ámbito sanitario público balear.