El pleno del Ayuntamiento de Eivissa aprobó ayer de forma provisional el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con los únicos votos a favor de PSOE y Guanyem y el ‘no' de PP y EPIC, que argumentaron su oposición al planeamiento urbanístico, entre otros motivos, por la eliminación de determinadas zonas de aparcamiento públicas y la poca previsión de futuro en esta cuestión.
Por parte de los populares, el concejal Juan Flores, incidió en «la reducción de plazas de aparcamiento sin prever nuevos aparcamientos en el centro», mientras que, en el segundo turno de palabra, la portavoz, Virginia Marí, sacó pecho de su gestión como alcaldesa la pasada legislatura en este tema: «Nosotros dejamos ideas de párquines bien hechos como el de Reina Sofía y no con barro y baches como los de ahora», afirmó.
Marí calificó además de «parche temporal» las medidas sobre la vivienda que introduce el nuevo PGOU, que prevé la construcción de 1.500 viviendas protegidas, entre públicas y privadas, en los próximos años, de las cuales la mitad serán para alquiler social y no para vivienda definitiva. «Las consecuencias de este PGOU serán graves y las van a pagar los ciudadanos», señaló la portavoz del PP quien criticó que el equipo de gobierno solo haya aceptado el 8 por ciento de las alegaciones presentadas a un plan que, a su juicio, «no soluciona los problemas graves de vivienda, movilidad y aparcamiento del municipio».
Por su parte, Antonio Villalonga, concejal del Movimiento EPIC, puso números a sus críticas por la falta de zonas para aparcar y aseguró que el nuevo PGOU prevé eliminar alrededor de 3.000 plazas de diferentes aparcamientos disuasorios que, como el de es Gorg, se destinarán a zonas verdes o edificaciones. «Eliminar aparcamientos no es la mejor manera para que el turista venga o para favorecer al pequeño comercio», advirtió. Para el concejal de EPIC, el actual equipo de gobierno va «como pollo sin cabeza» y «vive una realidad paralela». «El nuevo PGOU va a incidir en la ruina de esta ciudad», concluyó.
Joan Ribas, portavoz de Guanyem, apoyó incondicionalmente a sus socios de gobierno y argumentó que el nuevo PGOU «planta cara a los que solo quieren sacar provecho de nuestro municipio». Para Ribas, este documento supone poner en práctica «una política de hechos y no solo de palabras». «El acceso a la vivienda debe ser un derecho y no un privilegio. No podemos prometer que se va a solucionar mañana pero sí que damos los primeros pasos para que se consiga cuanto antes», afirmó.
Elena López, concejala de Territori y responsable de la redacción del nuevo plan, criticó al PP por hacer «una llamada al pánico y al caos» y les acusó de querer «favorecer a los particulares» sin decir «qué modelo territorial quieren».
Sobre la falta de aparcamiento en la ciudad, la concejala recordó que el actual equipo de gobierno ha creado más de mil plazas en aparcamientos disuasorios. «Que queramos que la gente vuelva al núcleo histórico no significa que los coches lleguen hasta allí», señaló Elena López quien destacó además la aprobación «a contrarreloj» de este plan para evitar que entrara en vigor el del año 1987 «aunque le pese a quienes tenían proyectos preparados que solo les beneficiaban a ellos».
La aprobación provisional del PGOU por parte del pleno de Vila es el penúltimo paso antes de que entre en vigor, una vez que el Consell d'Eivissa le dé el visto bueno, un trámite para el cual la institución insular tiene un año de plazo.