Los primeros pasos de Jaime Far al frente de la Oficina Anticorrupción están empezando a provocar recelos entre algunos representantes del Pacte, que ven con alarma su decisión de poner en marcha toda una serie de registros y ficheros de carácter personal sin contar para ello con el Govern. Entienden que es una clara extralimitación de funciones.
El último movimiento de Far ha sido la aprobación de una resolución por la cual se crean una serie de ficheros con datos de carácter personal entre los que figuran, entre otros, el de cargos públicos, con sus posibles sociedades y participaciones en entidades, así como el relativo a personas que hayan cometidos delitos procesales, penales o que tengan sanciones pecuniarias, administrativas o privativas de libertad.
Otro fichero contendrá información sobre el trámite en que se encuentren los procesos judiciales, incluidas las personas a las que afecten estos procesos o sobre las que los juzgados hayan pedido información económica, patrimonial o hayan sido sancionadas por faltas administrativas.
Far también anuncia la puesta en marcha de un fichero con información sobre los procedimientos de investigación que se estén realizando, las fases previas, las actuaciones asociadas y otra información relevante sobre las personas afectadas por estas investigaciones.
Datos de altos cargos
Otros ficheros que se crean incluyen datos bancarios y declaraciones de IRPF, del impuesto de patrimonio y de intereses patrimoniales de los cargos públicos.
Miembros del Pacte consideran que el anuncio de la creación de todos estos ficheros con los que Far quiere comenzar a trabajar suponen una extralimitación en sus funciones y temen que esta sea la tónica a partir de ahora. Recuerdan que la ley de creación de la Oficina Anticorrupción dispone claramente que todas las disposiciones reglamentarias que emanen de ella las debe dictar el Govern y no el director de la Oficina. Las fuentes consultadas consideran que Far no está legitimado para poner en marcha estos ficheros con información tan sensible y que debe ser el Govern quien apruebe estas regulaciones en caso de que sean necesarias.
La ley sí faculta al director a que en el plazo de seis meses desde su nombramiento, remita al Parlament el proyecto de reglamento. Far lo hizo el pasado mes de marzo, pero el Parlament sigue sin fijar una fecha para su tramitación, a pesar de que han pasado más de tres semanas. No está previsto que este asunto se aborde en la reunión que hoy celebrará la Mesa del Parlament, que es quien debe trasladarlo a la comisión para que se tramite como proyecto de ley.
EL APUNTE
Unas primeras declaraciones que ya provocaron cierto malestar e incomodidad
En sus primeras declaraciones tras la jura de su cargo como jefe de la Oficina Anticorrupción, Jaime Far ya provocó cierta incomodidad entre algunos de quienes le votaron al asegurar que todos los ciudadanos son susceptibles de corromperse en algún momento. Las declaraciones causaron incomodidad en algunos miembros del Pacte y malestar en el PP, que lo consideró un comentario fuera de lugar. La propia puesta en marcha de esta Oficina Anticorrupción ha sido cuestionada por policías y fiscales, quienes temen que se produzca un solapamiento de investigaciones cuya única consecuencia será, al final, que la Oficina deje a un lado sus investigaciones para que las continúe la Fiscalía en caso de que se presuma que puede haber indicios de delito.