El ‘chalé patera' de la calle General Gotarredona, en Sant Antoni, que pertenece a Agustín Sales será precintado el 30 de abril con lo que eso conlleva, el desalojo de sus ocupantes. Esto supone que los 80 usuarios que actualmente tienen alquilada una habitación en la casa se quedarán en la calle.
Sin embargo, el propietario sostiene que «nadie ha dicho que se tengan que ir». Según explicó ayer a las puertas del inmueble, la actividad comercial que está realizando con el alquiler de habitaciones «está dada de alta y pagamos nuestros impuestos, lo que significa que es un trabajo honrado».
Para Sales la problemática surge por culpa del Ayuntamiento de Sant Antoni a quien acusó de «usarle» para conseguir otros fines; fines que no quiso matizar.
Aún así, el propietario considera que se trata de una actividad «legal» y la única pega está en el porche. «Es lo único que no hay legal aquí. Si me obligan tendré que tirarlo, pero estoy luchando por eso».
Su lucha se sustenta en que, si quita el porche, los vecinos acarrearán las consecuencias. «En 200 metros a la redonda no vive nadie y este porche está insonorizado. Aquí, a las tres de la mañana, hay chavales bebiendo porque al día siguiente libran y si no está el porche se quedan a la fresca y no dejan vivir», matizó.
Por ello, pidió al presidente del Consell y al alcalde de Sant Antoni que expliquen el por qué de esta situación. «Están atacando a una casa que está ayudando a que la gente tenga un sitio digno para vivir a buen precio. Lo atacan agarrándose al puto porche», criticó.
«Voy a ganar»
Según recordó, el inmueble tiene una capacidad «legal» de 95 personas aunque reconoce que el verano pasado llegaron a los 104 inquilinos. «Y hubo dos personas durmiendo en un coche en la calle que esperaban para entrar, pero les dejaba ducharse gratis».
En este sentido, cabe recordar que en diciembre la Junta de Gobierno de Sant Antoni adoptó un acuerdo para la demolición de la reforma de la vivienda existente, de la ampliación y del cambio de uso de almacén a vivienda.
Además, el acuerdo impedía definitivamente los usos a los que hubieran dado lugar dichas obras. Ahora, constatado el incumplimiento de la orden de suspensión de todos los actos de uso del suelo y comprobado que la edificación se sigue dedicando al alquiler de habitaciones, el departamento de Urbanismo y Actividades precintó ayer el uso que se viene desarrollando en este inmueble.
El propietario tiene claro que su casa ayuda con la problemática del alquiler de la isla, motivo por el dice que la orden municipal que obliga a desalojarlo no tiene validez. «Estoy seguro de que voy a ganar porque el único problema es el porche. Todo lo demás sobre lo que me acusan ya está superado, pero el Ayuntamiento no cede». Además, aseguró que sigue habiendo personas interesadas en alquilar una habitación por lo que «el negocio sigue en marcha».