Unas 330 personas de Ibiza reciben la renta social del Govern de la que se benefician 429 personas, según los datos facilitados por la Conselleria de Serveis Socials del Govern.
La mayoría de las personas que reciben esta ayuda del Govern son perceptores de la pensión no contributiva, un total de 287, y el resto, 43, la perciben familias.
Dentro de los perceptores de la pensión no contributiva se encuentran los mayores de 65 años que no han contribuido lo suficiente para poder recibir una pensión y los mayores de 65 años que no han cotizado lo suficiente. «Esta gente tenía una pensión no contributiva entre 370 y 380 euros. A través de la ley de renta social, se acordó que en Balears el mínimo de supervivencia era 430 euros, con lo que el Govern le aumenta 108 euros al mes», explicó la consellera de Serveis Socials, Fina Santiago. En opinión de la consellera, «este aumento del 30% es una gran ayuda para gente que lleva muchos viviendo de 370 euros, se nota contar con 108 euros más y lo saben gestionar», añadió la consellera, que recordó que «el Estado les ha aumentado dos euros».
De los 330, 167 son mujeres y 163, hombres. Por municipios, Ibiza tiene 166; Sant Josep, 42, Sant Antoni, 55; Sant Joan, 14 y Santa Eulària, 53. En estos últimos meses, el número de beneficiarios ha ido aumentado ya que se ha ido ampliado el perfil de los perceptores. En diciembre de 2016, ocho meses después de que se pusiera en marcha la renta social, había 17 titulares y se ha pasado a los 330 registrados en febrero de 2018 de este año.
Santiago atribuyó este incremento «al aumento de las pensiones no contributivas, antes eran familias sin ingresos y con menores y en enero incorporamos a cualquier tipo de familia y a los receptores de pensiones no contributivas». En enero de 2018 se han incorporado las personas solas mayores de 45 años.
Dos bolsas de pobreza
La consellera dijo que a través de la renta social «se ha llegado a dos bolsas de pobreza, una era las pensiones no contributivas porque era difícil vivir con 330 euros y se le ha aumentado un 30 % sus ingresos y a las familias en las que resulta más difícil la reinserción laboral, como mujeres abandonadas con niños o gente con difícil reinserción porque tienen alguna discapacidad».