Greenpeace y la plataforma Alianza Mar Blava han denunciado esta mañana la «ilegalidad» del proyecto de sondeos MedSalt-2 entre Ibiza y Mallorca por varias «irregularidades» que, a su juicio, obligarían a paralizar el proyecto.
En una rueda de prensa, estas dos entidades han asegurado que el proyecto italiano «presenta numerosas deficiencias e importantes incumplimientos y por ello resulta obligado que se acuerde la suspensión del trámite de información pública de este proyecto».
Tras analizar el anuncio del proyecto en el Boletín Oficial del Estado, las dos organizaciones han concluido que contiene un «importante conjunto de defectos y vulneraciones de la legislación vigente».
En concreto, se han referido a supuestos incumplimientos del plazo y de las obligaciones de difusión, de transparencia, de información mínima y de consultas institucionales y transfronterizas.
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL «INASUMIBLE»
Las dos organizaciones consideran que el proyecto «no debe ser autorizado, sea cual sea su finalidad» debido a que su «impacto medioambiental es inasumible».
Según Greenpeace y Alianza Mar Blava, la técnica de cañones de aire comprimido «genera un enorme nivel de contaminación acústica submarina, que, como se ha demostrado científicamente, sería enormemente dañina para la fauna marina de la zona», como cachalotes, zifios, delfines y otros cetáceos, tortugas, aves, invertebrados, así como especies de peces de interés comercial.
«El área marina que se vería afectada es de gran importancia para numerosas especies protegidas y en riesgo de extinción», han alertado.
El portavoz de Greenpeace, Julio Barea, ha afirmado que todavía tienen «tiempo de parar este sinsentido» y que «el rechazo masivo de la sociedad debería forzar al Gobierno a entrar en razón y archivar definitivamente este proyecto».
Barea ha insistido en que de llevarse a cabo, este proyecto «cambiaría sustancialmente la economía y las costumbres de las zonas afectadas». Igualmente, las dos entidades han sostenido que el proyecto «está ligado a los intereses de las empresas petroleras».
Por ello, ambas entidades han instado al Gobierno español a aprobar una ley que prohíba las prospección de hidrocarburos en el mar. «El Gobierno no puede hacer oídos sordos a las demandas de toda la sociedad civil y de las instituciones de Baleares en contra de las prospecciones», ha concluido el coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava, Carlos Bravo.