El grupo municipal Popular en el Ayuntamiento de Ibiza pedirá un acuerdo plenario para realizar una auditoría de las contrataciones efectuadas por el Ayuntamiento con las empresas de Alfonso Molina dentro del proyecto Eivissa Crea, entre 2003 y 2011. El objetivo es, en palabras del concejal Álex Minchiotti, trasladar el resultado de la misma a los organismos judiciales correspondientes así como a la Consellería de Treball del Govern balear.
«El Ayuntamiento es de todos los ciudadanos y el equipo de gobierno tiene la obligación moral y legal de investigar si el dinero público que ha administrado, alrededor de 770.000 euros gestionados por el proyecto, se ha invertido correctamente en beneficio del interés general», argumentó.
Asimismo, también instarán al Consell d'Eivissa y al Govern a auditar todos los contratos adjudicados a Molina en ese periodo de tiempo ante las supuestas prácticas irregulares detectadas por el SOIB en relación a las subvenciones europeas dirigidas a los trabajadores en paro.
«Esperamos que voten a favor y demuestren así un cambio de actitud», señalaron los populares quienes acusaron al alcalde Rafa Ruiz de no estar a la «altura» de su cargo en relación a este tema. «El ciudadano se merece saber que el Ayuntamiento no tiene nada que ver ni nada que ocultar. Es nuestra obligación pedir transparencia», matizó Virginia Marí, portavoz de la formación azul.
Reprobaciones
Por otra parte, el Partido Popular de Vila pedirá en el próximo pleno la reprobación del concejal de Movilidad, Juan José Hinojo, y de la concejala de Obras Públicas, Elena López, al considerar que la imagen actual del municipio es «impresentable».
A su juicio, la ciudad se encuentra «colapsada, intransitable e inhabitable» como consecuencia de la multitud de obras que se están llevando a cabo en el inicio de la temporada turística y que, de seguir así en agosto, alcanzarán el nivel de «emergencia social».
Entre ellas destacaron las obras de acceso a Dalt Vila y la Marina, «que afectan a comerciantes y pequeños restauradores»; la demora en la apertura del Cetis, en el que siguen surgiendo «chapuzas que se pagan con el dinero de todos»; la instalación de los contenedores de la avenida de España, que no han contado con la «planificación» necesaria «sabiendo que se iban a encontrar tumbas que lo iban a retrasar»; las obras del Paseo Juan Carlos I y las de Santa Margarita, donde el retraso por la retirada de cables está afectando a la construcción del aparcamiento que «iba a descongestionar un poco la ciudad».
Por ello, acusaron a los dos concejales de no tener en cuenta que en Ibiza se vive del turismo y de la afección que todas estas obras están causando en la economía de muchas familias que dependen de la campaña turística.
Tampoco se olvidaron de culpar al equipo de gobierno del retraso en la concesión de las licencias temporales de taxi, de las promesas que auguraban más aparcamientos disuasorios en el municipio, del «fallido» cambio de sentido en diferentes vías y del proyecto de alquiler de bicicletas del que no se sabe nada «después de tres años».
Así, acusaron a Vila de gastarse más de 70.000 euros (50.000 en estudios por parte del Ayuntamiento y 21.000 del Consell para el Plan de Movilidad) para convertir la ciudad en «intransitable».
Más mociones
Además, el grupo municipal Popular exigirá instar al Govern balear a que cubra todas las plazas sanitarias que hacen falta en Ibiza. «Se están yendo los especialistas y hay que ver eso de que por cada uno que se va llegan ocho», criticaron los populares. También pedirán la presencia del equipo de gobierno en los actos programados con motivo de la celebración del 40 aniversario de la Constitución española.
Respecto a los expedientes abiertos en Vila por la nueva ordenanza de vados, los populares criticaron la falta de información previa a los afectados por parte del Ayuntamiento. «Habría que haber hecho una campaña informativa y, después, dar un margen de tiempo. Si luego no se cumple, se sanciona».