La comparecencia de Silvia Tur y Sònia Cardona ante la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, se solventó en poco más de 30 minutos ya que Tur, diputada en el Parlament, no prestó declaración debido a su condición de aforada, mientras que Cardona rechazó los cargos de prevaricación administrativa, defendiendo la actuación del Consell de Formentera aunque, según las fuentes consultadas, en su declaración afirmó que la firma última era del presidente, Jaume Ferrer.
Las dirigentes de Gent per Formentera estaban citadas ayer para declarar en calidad de investigadas por presuntas irregularidades en la gestión del bolsín de bomberos del Consell de Formentera en 2013.
Tras su comparecencia en sede judicial, Cardona y Tur atendieron a los medios. «Ha sido una declaración muy breve. He contestado a todas las partes y estoy muy tranquila. Nosotros hicimos la tramitación de acuerdo con la Ley, nunca nos hemos desviado», argumentó Sònia Cardona, quien apostilló: «no se cómo hemos llegado hasta aquí». La citación de la actual consellera de Participación Ciudadana de Formentera en calidad de investigada viene motivada por la declaración previa del presidente del Consell, Jaume Ferrer, quien apuntó su nombre y el de Tur como responsables del bolsín.
Aforada
Según fuentes judiciales, aunque ante los medios Cardona defendió la actuación del Consell, en su comparecencia ante la juez habría mantenido que el responsable de las contrataciones era el área de personal del Consell y que la firma última es la del presidente del Consell, Jaume Ferrer. Fuera de la sede judicial, Cardona insistió en que «hemos explicado la gestión sin problemas. Se siguió rigurosamente el orden del bolsín como se debe hacer con los informes», concluyó.
Por su parte, Silvia Tur apuntó no haber prestado declaración porque por su condición de aforada «no ha sido necesaria». No obstante, y según la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears de 2005, los diputados sí pueden declarar en la fase de instrucción.
Según las fuentes consultadas, la declaración suspendida podría ser reprogramada en el juzgado de Instrucción o derivada al TSJIB. Ante los medios de comunicación y acompañada por la letrada Ascensión Joaniquet, la diputada de Gent per Formentera apuntó que «evidentemente, defiendo la gestión del equipo de gobierno y la que hice yo como responsable de la creación de la estructura de los bomberos voluntarios».
La investigación viene derivada de las actuaciones realizadas por la Fiscalía, que actuó a petición del tribunal que firmó una primera condena contra el Consell.
El juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma remitió aquel primer auto a la Fiscalía para que investigase la «posible comisión de hechos delictivos ante la admisión de aspirantes y posterior contratación, careciendo de requisitos para ello, así como, específicamente, respecto de la paralización injustificada de nombramiento durante más de un año resultando en la contratación». La sentencia condenó al Consell de Formentera a reconocer la contratación de R.C.L., como bombero colaborador del Consell desde el 7 de enero de 2013 y abonarle la cantidad de 80.199 euros. La cantidad fue reducida a unos 57.000 euros tras el recurso del Consell y ahora se investiga una prevaricación.