Más de diez años después de los hechos y entre el manifiesto malestar y desánimo de los afectados, la sección segunda de la Audiencia Provincial empezó ayer a juzgar a los tres hombres acusados de una estafa inmobiliaria por la venta de unas viviendas en Sant Rafel que nunca llegaron a sus manos.
La vista oral arrancó con los tres acusados en la banqueta, en una sala en la que también estaban la representante del Ministerio Fiscal, los abogados de la acusación y los letrados de las defensas, una sala con la presidencia vacía ya que el Tribunal se encontraba en Palma y celebró por videoconferencia.
Los hechos que deben ser juzgados se remontan al año 2006 cuando los tres acusados realizaron una serie de contratos de compraventa sobre una serie de viviendas a construir en una finca de Sant Rafel.
El primero en declarar fue Vicente J.M.P., el propietario de la finca donde se realizaron las obras para las viviendas. «Me acusan de unos asuntos que yo entiendo que son un poquito injustos», señaló el acusado para el que el Ministerio Fiscal solicita cuatro años de prisión, la pena más baja. En noviembre de 2005, el principal acusado, Moisés V.D., celebró un contrato de permuta con V.J.M.P, por el que éste le cedía el pleno dominio de la finca localizada en el número 11 de la calle Isidor Macabich de Sant Rafel a cambio de 4 pisos, libres de cargas y gravámenes en una construcción que se iba a realizar por M.V.D., en la finca cedida. Dicho contrato contenía una condición resolutoria que podía revertir la propiedad a su origen si no se entregaban sus pisos en 24 meses. En su defensa, Vicente alegó que los plazos no se cumplieron y que incluso tuvo que hipotecarse para acabar él la construcción.
Vicente acabaría recuperando los pisos y los sacó nuevamente a la venta pero subió los precios de 160.000 euros a unos 200.000 euros.
Después declaró el principal acusado, Moisés V.D., quien señaló que casi todo el dinero que cobró a los compradores lo invirtió en la obra. Alegó que abandonó el proyecto cuando el banco le «cortó el grifo» porque venía de una suspensión de pagos con otra empresa.
El tercer acusado, Juan José M.H., descargó la responsabilidad en el principal acusado e indicó que el se subrogó en 2006.
Tras estos testimonios la sala escuchó a tres afectados. Los citados declararon que ellos habían aportado unas cantidades y que Vicente J.M.P., pasó de ser un afectado más a ser la persona que les reclamaba más dinero por unas viviendas que nunca han llegado a pisar.