Sigue el tira y afloja entre los propietarios del chiringuito de Cala Gració y el Ayuntamiento de Sant Antoni. Y es que, a última hora del viernes, los promotores presentaron alegaciones contra los nuevos informes emitidos por los técnicos del Consistorio que desaconsejan su apertura.
De hecho, según ha podido saber Periódico de Ibiza y Formentera el chiringuito ha alegado que en ningún momento ha habido licencia de obra; por tanto, los promotores dicen que sin la licencia de obra otorgada, «que no es necesaria al tratarse de un quiosco desmontable», tampoco es necesario el certificado de fin de obra.
Desde el quiosco también afirman que el Ayuntamiento ha revisado el expediente a raíz de la alarma social que se ha ocasionado y aseguran que han contado siempre con informes favorables por parte del Consistorio, del Govern balear y de Demarcación de Costas.
Por ello, recuerdan a Sant Antoni que ninguno de estos informes ha sido revocado y piden que se levante la prohibición de actividad en el chiringuito al haber presentado, «en su momento», la documentación que se les había requerido y en la que, argumentan, no consta ni certificado de obra ni certificado de final de obra.
Asimismo, los promotores alegan que hay numerosos establecimientos en Sant Antoni a los que no se les ha requerido «nunca» el certificado final de obra. Este medio ha podido saber que han pedido al Ayuntamiento 130 expedientes de terrazas de todo el municipio.
En este sentido, quieren demostrar que no necesitan ese certificado en unas instalaciones que son «desmontables» como la suya.
Estudiar las alegaciones
Hace apenas dos semanas todo apuntaba a que la costa de Sant Antoni contaría con un nuevo quiosco; sin embargo, el malestar que generó su instalación entre los vecinos del municipio paralizó su apertura e hizo que el Ayuntamiento detectara «irregularidades» en una nueva revisión del expediente.
En este sentido, cabe recordar que aunque el establecimiento tiene las licencias necesarias para poder instalar la infraestructura en la zona de Cap Negret, a juicio del Consistorio no puede ejercer ni iniciar actividad al no disponer del certificado final de obra.
A pesar de ello, en el pleno de la semana pasada en el municipio el equipo de gobierno descargó la culpa en Costas y dijo que «no se podía informar desfavorablemente porque esto no es una cuestión política, es técnica». De hecho, advirtieron de que, en caso de denegar la instalación, se podría haber incurrido en «prevaricación».
Así, desde el Ayuntamiento explicaron que «ahora» son los servicios jurídicos los que tienen que estudiar las alegaciones presentadas por los promotores aunque «no hay un plazo establecido» para ello. «Se contestará lo antes posible», matizaron.