Ramón Roca Mérida (Terrasa, 1968) es funcionario de carrera desde 2007. Tras desarrollar diferentes responsabilidades en el Consell Insular, Roca aterriza en plena temporada alta en la dirección insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera. «Me gusta entrar con fuerza, cuando la isla está a pleno rendimiento», asegura sin titubeos y confiado en llevar adelante los retos que se le plantean. Está al día de los problemas de las Pitiusas, pero reconoce que le ha sorprendido el grave problema que supone la difusión del ‘gas de la risa' y entiende la alarma social.
En su hoja de ruta está alcanzar las mayores cotas de seguridad posibles, atraer refuerzos y mejorar las condiciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también quiere incidir en la protección de la costa. Aterrizar en esta responsabilidad en pleno julio supone enfrentarse a retos como combatir el fenómeno del óxido nitroso en plena cresta de la ola.
El cambio de Gobierno y el calendario deparó su llegada al cargo en plena temporada estival. En cuestión de semanas se ha tenido que enfrentar a un importante golpe policial contra el ‘gas de la risa', pero también a un homicidio y a una agresión sexual grupal con drogas de por medio. ¿Podríamos decir que ha tenido un aterrizaje bastante peliagudo?
—La verdad es que sí. Lo que se ve desde fuera o lees en el periódico son los problemas que todos conocemos de intrusismo en sectores como el transporte o la vivienda, los casos de explotación sexual de mujeres o tráfico de drogas, pero sí es cierto que me ha sorprendido el fenómeno del gas de la risa y todos los daños colaterales. Es una sustancia peligrosa por muchas razones. El joven que mató a otro de un puñetazo en Sant Antoni había estado consumiendo óxido nitroso y alcohol. Además, en la mayoría de casos se mezcla el gas del risa con otras drogas. Desgraciadamente las drogas también están detrás de otros casos que han generado una gran alarma social y un gran impacto como son las violaciones grupales por parte de jóvenes turistas. Es una violencia que se está implantando y que debemos atajarla. En algunos casos parece que, según las investigaciones, las relaciones empiezan siendo consentidas, pero acaban degenerando en una violación múltiple por el abuso del alcohol y las drogas. El óxido nitroso es un narcotizante, pero no un anestésico y eso provoca que no controles la fuerza. El problema añadido es que se consume de una forma abusiva y la persona que se encuentran los agentes es una persona con una fuerza desmedida y que no se da cuenta de nada. A esto hay que sumarle un mal añadido: los consumidores suele ingerirlo con otro tipo de droga.
El consumo del ‘gas de la risa' se ha convertido en una especie de tsunami y su uso puede resultar más perjudicial de lo que uno puede pensar
—Es cierto. Me ha sorprendido por la alarma social que ha generado porque es un tema muy visible y desde la Guardia Civil hacen hincapié en que su venta suele implicar el trapicheo de otros tipos de drogas. Hemos empezado a pararlo, pero no del todo.
Pero la incautación de más de 55.000 cápsulas esta semana es solo la punta del iceberg...
—Me sorprendió la magnitud de la intervención. Fueron más de 55.000 cápsulas, medio millar de dosificadores y 21.000 globos... La gente debe saber que se seguirán haciendo inspecciones y también se trabajará en aduanas para que ningún particular pueda importar este tipo productos a Ibiza. También hemos estado hablando con el departamento de Salud para ver si se podría modificar la Ley de adicciones para que incorpore este tipo de sustancia. Actualmente solo está prohibida la venta a menores y queremos que se extienda a otros colectivos.
¿Existe una especie de vacío legal para su comercialización?
—Aquí en España se sigue una lista de Ginebra donde están las sustancias y no está incluida. Hay que trabajar para que se incluya porque acaba afectando a la salud. En el Reino Unido, en 2016, el óxido nitroso se tipificó como una sustancia psicoactiva. En aquel momento hubo un gran rechazo porque se consumía muchísimo en los pub. Habían locales especializados en cerveza y ‘gas de la risa'. Se penó con hasta 7 años de cárcel y se paró. En el caso nuestro, el óxido nitroso tiene una doble clasificación. Por un lado es un medicamento que los dentistas utilizan como analgésico y también tiene un uso como aditivo alimentario. Por este motivo hablamos con Salud del Govern balear durante la investigación de los establecimientos inspeccionados en Sant Antoni. Contactamos con Patricia Gómez -consellera de Salut-, nos reunimos el viernes y el lunes se llevaron a cabo las inspecciones. Ha sido una incautación sorprendente porque hasta ahora se habían registrado intervenciones de cien o mil cápsulas, pero nunca de esta envergadura y todo preparado para la venta.
Entiendo que buscará también la implicación de los Ayuntamientos, especialmente del de Sant Antoni.
—Vamos a tratar de impulsar que se modifiquen las ordenanzas municipales. Desde la dirección insular estudiamos una propuesta de ordenanzas para que todos los Ayuntamientos las incorporen porque lo que no queremos es que el ‘gas de la risa se persiga en una zona y no en otras.
Arranque potente que también habrá servido para tener una toma de contacto con los que serán sus colaboradores.
—La llegada ha sido buena a pesar de que el aterrizaje se ha producido cuando la temporada ya está en marcha. Llegar en plena vorágine me ha servido para hacerlo con fuerza: ver la situación, analizar los problemas y ponernos en marcha. El recibimiento ha sido extraordinario por la actitud de los mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, así como del resto de la Administración. Los he encontrado muy implicados y lo agradezco porque empezar con un nuevo director puede provocar reacciones muy diversas. Es una situación de inquietud pero todo muy positivo. Paralelamente, las primeras reuniones que he mantenido con ayuntamientos y asociaciones de vecinos también las considero muy positivas y productivas para impulsar algunas acciones.
Con los datos que dispone una vez llegado a la Delegación del Gobierno, ¿la realidad de los problemas de Ibiza y Formentera dista mucho de lo que se percibe desde fuera?
—Tras los primeros contactos, considero que los niveles de seguridad son óptimos. Según me han avanzado, las estadísticas van en paralelo a las del año pasado e incluso han mejorado en el caso de Formentera. Ahora bien, hay que diferenciar entre seguridad y percepción. Si dedicamos agentes a la investigación se retiran efectivos de la calle y lo que la gente quiere es ver agentes. Los Ayuntamientos no nos piden más eficacia sino más presencia policial en la calle. Eso trasmite un mensaje de más seguridad. Se están produciendo detenciones en Ibiza y Formentera y todo apunta a que no han llegado bandas especializadas. Tocamos madera para que la cosa siga así o mejore. Se sigue luchando contra las bandas del Rolex, que es un problema que sigue vivo porque se renuevan y envían gente desde Italia, pero las detenciones y resultados están ahí.
¿Se ha marcado alguna hoja de ruta?
—Me he planteado tres grandes áreas. La primera haría referencia a la seguridad ciudadana con la lucha contra las drogas, contra el intrusismo... Una segunda área haría referencia a cuestiones internas de organización encaminadas a mejoras en el trabajo y aquí entraría la lucha por el plus de insularidad; una tercera sería la mejora de aspectos como la vivienda. Durante estos días ya hemos mantenido diversos contactos y hemos hablado con Vila sobre el solar de la comisaría de la Policía Nacional para crear allí unas 40 viviendas. También se nos han ofrecido la posibilidad de un bloque en sa Penya que supondrían otras 4 o 5 viviendas y en el horizonte también está la creación del nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Sant Josep.
¿Y esos proyectos en qué situación se encuentran?
En el caso del acuartelamiento, el proyecto ya está en marcha, ha sido constituido legalmente y tendrá un presupuesto de 3 millones de euros. Ahora se trata de buscar y decidir el emplazamiento pero ya se está trabajando en ello. Esperamos que esté construido en un plazo de entre 3 y 5 años. En el caso del solar de la comisaría de la Policía Nacional se está trabajando en el protocolo entre Interior y el Consell.
La vivienda es uno de los frentes abiertos y en el caso concreto de los funcionarios se suma la equiparación salarial con otras islas menores. ¿En qué situación se encuentra la negociación del plus de insularidad?
—He estado hablando con diversos parlamentarios para realizar gestiones y tratar de obtener también dinero de los presupuestos autonómicos. Estoy a favor de que se incremente la insularidad y hay que estudiar todas las posibilidades. Recientemente, a los efectivos de la Guardia Civil de Ibiza se les ha ingresado unos retrasos a través de la reestructuración del Capítulo 1. Debido a las limitaciones de la Ley Montoro se ha sacado dinero de un sitio para corregir esos problemas.
La unidad de color político en Gobierno central, Govern y Consell también debería facilitar su trabajo...
—Puede ser pero también le digo que yo levantaré los teléfonos siempre que haga falta, sean del signo político que sean. A la consellera Patricia Gómez no la conocía más allá de un contacto por los problemas en los quirófanos de Can Misses. Le llamé y le planteé la problemática del ‘gas de la risa' y en menos de una semana hemos tenido una solución. Ya le digo, levantaré todos los teléfonos que haga falta. También he de decir que por mi trabajo en el Consell tengo buena relación con todo el mundo. Tengo muy buena relación con el alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, y también con Toni Marí ‘Carraca', alcalde de Sant Joan, ambos del Partido Popular. Es una cuestión de experiencia y confianza.
Durante su toma de posesión subrayó que uno de sus objetivos era combatir el intrusismo en todas sus versiones...
—Así es. El intrusimo en el transporte o la vivienda acaba generando toda una cadena de problemas. Para combatirlo es necesaria una colaboración con todas las instituciones y presencia importante en el aeropuerto para disuadir a los taxistas piratas. Es muy importante que no cojan a los turistas porque ello deriva en otros problemas. Durante estas primeras semanas he mantenido reuniones con diversos ayuntamientos y asociaciones de vecinos que me han trasladado sus inquietudes y nos han servido para empatizar más con sus problemas que cuando estás fuera.
Otro de los problemas graves de estos últimos años es el drama que se vive en las carreteras pitiusas. ¿Cúales son sus planes al respecto?
—En materia de tráfico se está estudiando la implantación de los radares combinados con paneles informativos. También trabajamos en una campaña de información y concienciación para que se respete a los ciclistas y estamos pendientes de una reunión con los mandos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
En su particular hoja de ruta, ¿hay algún otro objetivo que se nos haya quedado en el tintero?
—De los asuntos que hemos ido tratando con los Ayuntamientos, lo más importante hace referencia a seguridad ciudadana, pero después hemos puesto el acento en aspectos concernientes a Costas. Casi todos los Consistorios tienen en marcha proyectos definidos sobre boyas ecológicas. Por delante tenemos reuniones con Costas para hacer un esprint. Mi idea es agilizar estas cuestiones cuanto antes y de cara al año que viene conseguir que haya una partida importante para la adecuación de la costa de Ibiza. Recientemente visité el barco de Greenpeace y la gran petición son las boyas ecológicas. Es una reclamación muy importante y todos estamos a una.