Los empresarios de Balears consideran que el proyecto de ley del Govern que prohíbe los vehículos diésel en Balears provocará «un colapso» en el sector turístico de las Islas porque, sin la implicación de los fabricantes de coches, resultará imposible cubrir la demanda de rent a car con coches exclusivamente eléctricos. Ese es lo que marca el proyecto de ley de cambio climático, ahora en tramitación en el Parlament.
La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), entidad que agrupa a los grandes empresas de las Islas, ha presentado un escrito de alegaciones en la Cámara balear en contra del texto.
Si bien los empresarios se muestran de acuerdo con las políticas generales de cambio climático, rechazan buena parte de las disposiciones concretas que incorpora el proyecto de ley en trámite.
Los empresarios se muestran muy críticos con las disposiciones que limitan la entrada de vehículos de alquiler no eléctricos. Insisten en que esa «movilidad verde» resulta «aventurada» y afirma que resultará imposible cumplir sus objetivos. «Debe valorarse si las marcas de automoción están en disposición de entregar miles de vehículos eléctricos a las compañías de alquiler respetando el actual modelo de negocio de vehículos con recompra garantizada por parte de las marcas», señala la CAEB.
Las alegaciones hacen una clara defensa del sector del alquiler de vehículos porque es «económico, eficiente y amable con el medio ambiente», y porque da un «valor añadido» al entorno turístico. «El alquiler es un elemento indispensable para nuestro modelo turístico», señalan.
Los empresarios proponen una entrada paulatina de las disposiciones que marca la ley con, por ejemplo, la implantación progresiva de modelos híbridos. Alertan además de que el proyecto atenta contra el principio de igualdad que consagra la Constitución ya que las medidas de carácter inmediato solo se imponen a este sector.
Pero las alegaciones de la CAEB van más allá ya que también se rechaza la obligación de que las empresas instalen plazas de energía fotovoltaica en los aparcamientos de las grandes superficies. Piden que esta obligación se ciña a las nuevas instalaciones y queden fuera la ya existentes porque lo contrario es una exigencia «desproporcionada».