La empresa Aqualia ha solicitado a la Mesa de Contratación de Sant Antoni que excluya a las otras seis empresas licitantes del servicio municipal del agua por incumplimiento de los pliegos del contrato. Entre éstas estaría Facsa, empresa a la que hoy el pleno del Ayuntamiento adjudicará previsiblemente este servicio.
En el escrito enviado al Consistorio portmanyí, Aqualia advierte una «infracción grave de la documentación contractual por parte de diversas ofertas admitidas sin que la misma haya sido detectada ni analizada por PWACS», la consultora externa contratada por Sant Antoni para realizar la valoración de dichas ofertas.
La irregularidad detectada por Aqualia tiene que ver con el estudio económico-financiero que todas las empresas presentaron en su oferta económica. Según el pliego de condiciones, las empresas que aspiraban a gestionar el servicio municipal del agua de Sant Antoni debían asignar al año 1 de su estudio económico una estructura de ingresos y gastos dados por el Ayuntamiento. Una norma establecida en el punto 3º del anexo V del pliego. Sin embargo, tan solo Aqualia ha cumplido este requisito, por lo sostiene que se debe excluir «forzosamente» al resto de empresas y, por lo tanto, rechazar la adjudicación a Facsa. Además, sostienen que el contrato se ha de adjudicar el contrato a la empresa que, «habiendo respetado la regla haya obtenido mayor puntuación de acuerdo con la clasificación ya emitida por la sociedad PWACS y validada por la Mesa de Contratación».
El informe
Sociedad Fomento Agrícola Castellonense S.A. (Facsa) obtuvo la mayor puntuación, 85,76 puntos de un máximo de 100, de las siete que se se presentaron al concurso del servicio municipal del agua, sobre todo gracias a la puntuación técnica otorgada por el informe elaborado por la consultora PWACS, sociedad cuyo único socio es Juan Pablo López Heras, uno de los investigados por el ‘caso Lezo' que investiga la gestión en el Canal Isabel II de Madrid. Este informe ha pasado por alto el incumplimiento de los pliegos del contrato denunciada por Aqualia.
El presidente de Facsa, Enrique Gimeno, admitió ante el fiscal y el juez haber financiado con dinero negro, concretamente 405.668 euros, las campañas del PP valenciano para las elecciones autonómicas de 2007 y las generales de 2008. El empresario fue condenado el pasado mes de junio por la Audiencia Nacional en la rama valenciana de la trama Gürtel a un año y nueve meses de cárcel por tres delitos electorales y uno de falsedad documental. Una pena que finalmente fue sustituida por varias multas que ascienden a un total de 154.5000 euros gracias al atenuante de colaboración activa.