Bajo el lema ¡Dignidad profesional en prisiones: Justicia salarial ya!, algo más de una treintena de funcionarios de prisiones se manifestaron ayer en Ibiza, secundando la primera jornada de paros convocada por los sindicatos por los sindicatos ACAIP, Comisiones Obreras, CSIF, CIG y UGT Prisiones.
Los manifestantes subrayaron que la protesta fue secundada mayoritariamente por todos los que podían unirse a los paros ya que, según remarcaron, «únicamente han faltado los que tenían que cumplir los servicios mínimos determinados y algunos compañeros que están fuera de la isla por vacaciones».
En este sentido, denunciaron los «abusivos servicios mínimos» impuestos. La representación sindical denunció que los servicios mínimos que deben soportar como funcionarios públicos les impide «un desarrollo normalizado de un derecho legítimo como el de huelga».
El paro se escenificó con una concentración ante la entrada del Centro Penitenciario de Ibiza en la que los trabajadores entonaron cánticos en los que apuntaban algunas de sus reclamaciones socio-laborales.
El objetivo de los paros que arrancaron ayer y tendrán continuidad mañana es instar al Gobierno al desbloqueo del conflicto laboral, que desde hace más de un año mantiene con la Administración Penitenciaria.
El calendario de protestas tendrá continuidad en noviembre con paros convocados para los días 6, 8, 13 y 15.
Según relataron, los trabajadores de prisiones se encuentran «absolutamente indignados» porque consideran que la Administración les ha faltado el respeto. Incidieron en la «necesidad de abordar una negociación real», tras la propuesta presentada por la administración penitenciaria el pasado 25 de septiembre y que fue retirada «tan solo tres días después bajo el argumento de restricción presupuestaria» y que suponía un incremento retributivo de 123 millones euros a lo largo del periodo 2019-2021.
Mejoras laborales
Los trabajadores de prisiones reclaman, entre otras medidas, una equiparación salarial, subida de niveles, adscripción al grupo B, reclasificación de los centros, un incremento de la plantilla de funcionarios y una mayor seguridad en el trabajo.
En este sentido, aseguraron que en el conjunto de España faltan unos 3.400 funcionarios para atender correctamente a los centros. Respecto a las deficiencias en materia de seguridad, los sindicatos subrayaron que el colectivo sufre una media de dos agresiones al día.