El departamento de Urbanisme i Activitats del Ayuntamiento de Sant Antoni ha resuelto el inicio de dos expedientes sancionadores contra sendas discotecas del municipio ordenando la adopción de medidas cautelares de suspensión de la actividad.
Según informó ayer el Consistorio, en el municipio se ha llevado a cabo una campaña de inspecciones en los establecimientos de mayor aforo para comprobar la efectividad de sus títulos habilitantes y detectar posibles infracciones.
En el caso de los dos establecimientos sancionados, las inspecciones se realizaron el 22 de septiembre de 2018. En el primero de los locales, se observó que se habían modificado las vías de evacuación mediante la instalación de elementos de tabiquería en varias salidas, así como deficiencias en la señalización de los equipos de extinción de incendios y, además, remodelaciones sustanciales del local no contempladas en el proyecto que obtuvo licencia. Por todo ello, el establecimiento ha cometido una infracción «muy grave» regulada en el artículo 104.2 de la Ley 7/2013. Durante la inspección, se observó, además, que zonas que inicialmente se proyectaban sin uso definido se estaban dedicando a baile público, por lo que la densidad se modifica y el aforo resultante es considerablemente mayor.
Los técnicos municipales entienden que las modificaciones sustanciales afectan a una actividad de 5.426 metros cuadrados y suponen ampliar el aforo autorizado en más de 500 personas por lo que, como medida cautelar, se determina la paralización y clausura de la actividad de sala de fiestas. Paralelamente, se tramitarán dos sanciones económicas: una de 650 euros por una infracción leve contemplada en el artículo 102.1 de la Ley 7/2013 y otra de 54.999 euros por infracción muy grave prevista en el artículo 104.2.
En el caso de la segunda discoteca inspeccionada, se pudieron observar ampliaciones de superficie en la planta cubierta dedicada a terrazas, aseos y barras.
Dichas ampliaciones suponen también modificaciones sustanciales de la actividad no tramitadas, por lo que constituyen una infracción «muy grave» de la ley 7/2013, proponiéndose adoptar la medida cautelar de suspensión de la terraza de la planta cubierta.
Dentro del expediente iniciado se tramita en paralelo una sanción económica por infracción muy grave que ascendería a 54.999 euros.
El Ayuntamiento ha explicado que continúa la tramitación de las inspecciones realizadas a otros establecimientos de gran aforo, por lo que se prevé la apertura de nuevos expedientes.
El Consistorio ha presentado además al Consell un proyecto para la instalación de sonómetros en diferentes zonas del municipio. Este proyecto, que se prevé se pueda ejecutar en 2019, supondrá un mejor control de los niveles de ruido en Sant Antoni.