Los juzgados de Balears han dictado más de 12.000 órdenes de protección a mujeres que habían denunciado malos tratos en base a la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Desde que esta norma entró en vigor a finales de 2004 y hasta el tercer trimestre de 2018, el número de medidas adoptadas había sido de 12.078, tanto por juzgados de Instrucción que actúan en las guardias como por los especializados en violencia sobre la mujer.
La gran mayoría de las medidas que se adoptan consisten en la prohibición de comunicación y órdenes de alejamiento del agresor respecto a la víctima. Por ejemplo, sólo en el tercer trimestre de 2018 fueron 249 los autos dictados en este sentido, casi tres al día. A este tipo de medida le siguen de lejos otras como la prohibición de portar armas, la prisión preventiva o impedir que el denunciado salga de su vivienda. Uno de los problemas recurrentes que se dan en el día a día de los juzgados y de policía y Guardia Civil es el elevado número de quebrantamientos de estas medidas que se producen, que son un delito nuevo y que provocan detenciones.
La inmensa mayoría de las solicitudes de protección (hasta en un 97 por ciento de los casos) se solicitan a instancias de la víctima. Los juzgados tienden a acordarlas también de forma mayoritaria. Por encima del 80 por ciento de las solicitadas se acuerdan al menos en los tres últimos años. La cifra llegó al 85,5 por ciento en el año 2017.
Sin embargo, a pesar de esa circunstancia, el porcentaje de órdenes de protección respecto al total de denuncias presentadas en Balears es el más bajo de toda España: apenas 16 por cada centenar de casos que entran en los juzgados. La media nacional oscila según los años entre el 23 y el 25 por ciento.
Balears es de forma reiterada en las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial la comunidad en la que hay más víctimas de violencia de género. En el último trimestre del el Observatorio de Violencia de Género cerró los datos llegó por primera vez a las treinta mujeres que han padecido delitos por parte de sus parejas o exparejas por cada diez mil residentes. Es una cifra que casi duplica la media nacional y que está alrededor de diez puntos por encima de la siguiente autonomía.
Cada año, en torno a 1.600 hombres son condenados en los juzgados de Violencia y de lo Penal por delitos de género.